Vall d’Alba recurrirá la decisión de la Generalitat de recortar los servicios al municipio y la comarca con el cierre unilateral de la comisaría de Policía
El Ayuntamiento de Vall d’Alba presentará un requerimiento previo a la interposición del recurso contra la decisión de la Generalitat Valenciana de cerrar definitivamente la sede de la Policía Autonómica en la localidad sin optar por compensar el recorte de prestaciones mediante la implantación de otros servicios que reviertan en los valldalbenses y el conjunto de los ciudadanos de la comarca.
Así lo ha anunciado la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, tras recibir la resolución oficial de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en la que “se autoriza la reversión al Ayuntamiento de Vall d’Alba del inmueble situado en la calle Travesía, número 2 de la localidad”, y que no es otro que el que venía ocupando hasta la fecha como sede la Policía Autonómica.
“Como alcaldesa de Vall d’Alba, no puedo estar más en desacuerdo de esta decisión, que no es otra cosa que un nuevo recorte de servicios por parte de la Generalitat Valenciana a los valldalbenses y al conjunto de los vecinos de la comarca, a los que prestaba servicio la infraestructura y los agentes que en ella había”, ha asegurado Marta Barrachina, quien lamenta que, “a pesar de la lealtad institucional con la que siempre hemos actuado desde el equipo de gobierno municipal, en beneficio del conjunto de los usuarios, vemos que cualquier tipo de compensación ha sido desestimada. Los ciudadanos vuelven a salir perdiendo con esta decisión del gobierno autonómico de Ximo Puig”, ha subrayado.
La alcaldesa de Vall d’Alba recuerda que “finalmente ha ocurrido lo que todos conocíamos, pero que la Generalitat Valenciana había negado siempre: el cierre de la comisaría de la Policía Autonómica”. En este sentido, recuerda que el actual Secretario Autonómico de Seguridad y Emergencias de la Conselleria de Justicia, José María Ángel, en su etapa de director de Director General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, “negó este extremo en una reunión con alcaldes de toda la comarca y de todos los signos políticos, también del PSOE y compañeros de filas”.
Asimismo, lamenta también que “el compromiso de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, de buscar servicios autonómicos alternativos que pudieran ocupar las dependencias que la Generalitat Valenciana tenía cedidas en Vall d’Alba si la Policía Autonómica se desmantelaba también haya caído en saco roto. Tras una reunión mantenida el 17 de febrero de este mismo año, no hemos vuelto a tener noticia alguna al respecto”.
“Es entristecedor ver cómo la Generalitat de Ximo Puig priva a los ciudadanos de un servicio que era útil, y se niega a buscar alternativas que permitan compensar este agravio, de manera que los valldalbenses y residentes de todos los pueblos de la comarca puedan disfrutar de otros servicios que permitan agilizar y facilitar los trámites y, por tanto, mejorar su calidad de vida. Eso es lo que vamos a defender con este recurso, frenar una centralización de servicios que desde el gobierno regional se critican cuando se trata de otros niveles de la administración, pero que aplica cuando tiene que ver con la propia”, ha indicado la alcaldesa de Vall d’Alba.
Sobre la oficina de la Policía Autonómica
La Generalitat Valenciana tiene la propiedad del edificio que venía ocupando por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vall d’Alba de 25 de septiembre de 2008 y una resolución de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 23 de febrero de 2009, por la cual se aceptaba la cesión gratuita condicionada del inmueble siempre y cuando se destinara como sede de la Policía Autonómica, tal y como marcaba el artículo 37 del convenio.
Desde su creación y puesta en marcha, ha ido perdiendo los recursos humanos y minimizando su actividad, si bien seguía estando en vigor. Sin embargo, la Subsecretaría de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat, en escrito de 21 de junio de 2021, “ha propuesto la desafectación del inmueble del servicio público que motivó la cesión, por lo que, según el artículo 37 del acuerdo de cesión, revertiría a la administración transmisora”.
“Desde el Ayuntamiento de Vall d’Alba hemos intentando negociar un acuerdo para ambas partes que sea beneficioso para los valldalbenses y el conjunto de la ciudadanía, buscando alternativas que permitan seguir prestando servicios públicos vinculados a la Generalitat Valenciana. Esta ruptura unilateral de las negociaciones, deja bien claro cuál es el nivel de prioridad del gobierno autonómico a la hora de acercar su gestión y papel a los valldalbenses”, ha concluido Marta Barrachina, “un derecho que vamos a defender en los tribunales. Por intentarlo, que no sea”.
