El Pspv-Psoe llevará a los tribunales las bases que regulan los Poys

El PSPV-PSOE ha anunciado en la sesión plenaria de esta mañana que recurrirá en los tribunales las bases que regulan los Planes Provinciales de Cooperación y Obras y Servicios (POYS) de la Diputación para 2016 tras desestimarse en el pleno con los votos del Partido Popular.

El recurso de reposición, presentado por el Grupo Municipal Socialista, solicitaba la inclusión de los municipios de más de 20.000 habitantes como potenciales receptores de esta subvención. Al respecto, los socialistas solicitarán la rectificación de las bases al considerar que discrimina a los más de 400.000 vecinos de las ocho localidades con más población de la provincia, ya que algunos ayuntamientos no pueden pedir la subvención y otros no pueden decidir dónde la invierten.

El portavoz socialista en la Diputación, José Benlloch, ha explicado que “ha quedado sobradamente demostrado el criterio partidista y político que ha guiado a Javier Moliner a dejar fuera de las ayudas a los habitantes de los municipios de más de 20.000 habitantes, ya que no se incumple ninguna ley si se permite a estas localidades solicitar la subvención, tal y como defiende el PP”.

El dirigente socialista ha denunciado que “mientras las diputaciones de tres provincias cercanas como son Alicante (PP), Valencia (PSPV) o Tarragona (CDC) no hacen distinciones entre sus vecinos e incluyen en el plan a todos sus vecinos, en Castellón este año, después de que el PP perdiera las elecciones de 2015 en los ocho municipios de más de 20.000 habitantes, es el primer año que se da esta situación”.

Al respecto, Benlloch asegura que el PSPV continuará defendiendo “los intereses de todos los vecinos de la provincia con el objetivo de evitar este agravio entre unos ciudadanos y otros motivado por criterios políticos”. El recurso que presentará el Grupo Socialista expone que las bases presentadas “vulneran los principios de igualdad entre las personas que contempla la Constitución Española” y también “incumplen los principios de libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación” del artículo 8.3 de la Ley General de Subvenciones de 38/2003 de 17 de noviembre.

José Benlloch recuerda que el PP basa su defensa en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, argumentando que la Diputación debe de trabajar para los municipios de menos de 20.000 habitantes, “pero lo que hace, exactamente esta normativa --explica el portavoz socialista-- es imponer una obligación a la Diputación para que preste determinados servicios a localidades menores de 20.000 habitantes, pero en ningún momento excluye a ningún municipio ni a ningún vecino de poder optar a las subvenciones que otorgue la institución provincial, ya que el resto de competencias de la Diputación no pueden estar sujetas al límite poblacional y ésta debe prestar sus servicios en igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos”, mantiene Benlloch.

Plan de Empleo y Plan de Seguridad

En este sentido, el portavoz socialista ha denunciado que “Moliner haya eliminado un total de algo más de 1,2 millones de euros de presupuesto que estaban previstos para poner en marcha el Plan de Empleo en el interior de la provincia (500.000 euros) y el Plan de Seguridad (750.000 euros), para firmar, con este dinero, convenios singulares para la ejecución de diversas obras con 21 ayuntamientos, de los que 16 están gobernados por el PP”.

El PSPV considera que esta decisión demuestra que “el presidente de la Diputación se siente mucho más seguro y cómodo firmando convenios singulares para premiar o castigar a los vecinos de los municipios de Castellón, según le hayan votado o no, que cambiando las bases de los POYS para poder dotarlos de unas partidas económicas suficientes y evitar que los alcaldes desfilen por el palacio provincial pidiendo favores”.

Benlloch, considera que “Moliner ha perdido el norte y demuestra una vez más que no tiene ningún criterio, ni legal ni jurídico, ni bueno ni malo, a la hora de aprobar las diferentes líneas de subvenciones”. El portavoz socialista entiende que es necesaria la solidaridad con los municipios más pequeños de la provincia, pero asegura que “ésta no se puede convertir en exclusión”.