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El PSPV propone regular “de manera clara y objetiva” los convenios singulares de la Diputación con los ayuntamientos

  • Gisbert denuncia la injusticia que supone conceder ayudas económicas a determinados ayuntamientos sin ningún criterio objetivo

El equipo de gobierno en la diputación provincial sigue abusando de los convenios singulares para conceder ayudas económicas a los municipios sin ningún criterio objetivo. Desde la oposición, el grupo socialista instó desde el primer momento al presidente, Javier Moliner, a que acabara con esta “mala práctica” que puso en marcha el anterior presidente Carlos Fabra. Sin embargo, después de ocho meses, Moliner continúa con esta praxis y por este motivo, el grupo socialista ha decidido presentar una moción que se debatirá en el pleno del martes para regular de manera clara y objetiva los convenios singulares entre la diputación y los ayuntamientos. Tal y como ha explicado el portavoz adjunto socialista, Josep Gisbert, “no proponemos que se eliminen los convenios singulares, pero sí que se autoricen solo en casos extraordinarios, nunca para conceder de forma arbitraria ayudas económicas que suponen una clara discriminación respecto del resto”. Por este motivo, los socialistas “proponemos que este tipo de convenios se suscriban solo ante obras que revistan el carácter de urgentes, derivadas de algún acontecimiento fortuito y cuya no realización conlleve un menoscabo en la prestación de servicios básicos a la ciudadanía”. En la moción, también contempla la exigencia de que los convenios singulares sean para obras relacionadas con los servicios de obligado cumplimiento por parte de las corporaciones locales, según la legislación de régimen local, y que se consideren necesarias. Otro de los casos susceptibles de beneficiarse de este tipo de convenios, según Gisbert, sería para obras que den lugar a infraestructuras o servicios que tengan un cierto carácter innovador y supongan una mejora sustancial para las oportunidades de desarrollo económico, el empleo o la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la localidad o su zona de influencia.

También contemplan que se puedan financiar con estos planes obras que cuenten con financiación de alguna administración distinta a la Diputación provincial y que el presupuesto municipal o los plazos de ejecución requieran el concurso de la misma para hacerlas efectivas. Otro de los supuestos, según los socialistas, en el que se podrían impulsar convenios singulares sería para garantizar una “discriminación positiva hacia los municipios más pequeños y con menos recursos”.

Para Gisbert, es totalmente injusto e inasumible en democracia la discriminación que sufren algunos ciudadanos de la provincia en función del color político de los gobernantes de su ayuntamiento. Para Gisbert, los convenios singulares que firma la Diputación con algunos consistorios "se convierten en la puerta trasera para colar de rondón ayudas fuera de los planes reglados. No es justo que un ayuntamiento pueda recibir de una sola tacada, mediante un convenio singular, lo que otros tardan más de cinco años en recibir vía Planes Provinciales". "Y lo peor , -añade- es que no hay criterios objetivos que justifiquen estos convenios: equipamientos deportivos, mejoras de calles, casas de cultura o caminos, entre otras materias, que no tienen carácter urgente. Todo aquello que muchos consistorios van realizando en diversas anualidades mediante Planes Provinciales, otros lo llevan a cabo mediante un convenio y sin dejar de recibir ayudas ordinarias".

En la explicación de motivos, los socialistas recuerdan que “por la propia naturaleza de la diputación, entendemos que su presupuesto debe estar al servicio de las necesidades de los ciudadanos de todos los municipios de la provincia y que ha de ser preferentemente a partir de las peticiones de los ayuntamientos como deben implementarse los programas y líneas de actuación del ente provincial”.

En este sentido, dado que cada municipio es una singularidad, con necesidades específicas y proyectos concretos, la diputación debería orientar su modus operandi hacia lo que se conoce como la concertación con cada uno de los ayuntamientos, fórmula que ya han ensayado algunas diputaciones con éxito, salvaguardando siempre la objetividad y la ecuanimidad.

Sin embargo, los socialistas reconocen que “puesto que determinadas necesidades pueden justificar que, al margen de las convocatorias abiertas, se creen líneas nominativas y se firmen entre la diputación y ayuntamientos algunos convenios singulares, es necesario que tengan una regulación que contemple criterios claros y objetivos y que no deje margen a la discrecionalidad”.

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