El PSPV pide la dimisión del alcalde de Villamalur tras ser condenado por coartar el derecho a voto en las elecciones

El secretario de Organización del PSPV de Castelló, Joan Morales, ha pedido, de nuevo, la dimisión del alcalde del PP de Villamalur, Juan Bautista Gimeno, después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado a favor del alta en el padrón de una vecina de Villamalur que fue privada del derecho por parte del alcalde, lo que le impidió votar en las elecciones municipales de 2019.

Morales y representantes del partido Adelante Villamalur han coincidido al exigir su expulsión del Partido Popular "tras coartar la libertad de voto a un grupo de vecinos y vecinas por interés electoralista. "El señor Gimeno no puede continuar ni un minuto más en su cargo", ha destacado el dirigente socialista.

Morales considera “insostenible” la situación y requiere a la presidenta del PP de Castelló, Marta Barrachina, a asumir su responsabilidad y expulsar inmediatamente a Juan Bautista Gimeno de las filas populares. "No podemos permitir el uso de prácticas caciquiles más propias de regímenes totalitarios que pervierten nuestra democracia". 

La sentencia aún no es firme y contra ella caben recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Un caso que se remonta a 2019

El Juzgado de Instrucción número 5 de Nules se ha hecho cargo del caso que envuelve a la complicada historia política de esta pequeña población de la Sierra de Espadán.

Así, se inició una investigación sobre la posible comisión de los delitos de prevaricación y contra la ley electoral por parte de su alcalde.

Todo se inició cuando los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía. Y es que 46 vecinos del municipio intentaron darse de alta en el censo municipal poco antes de las elecciones municipales para poder ejercer su derecho al voto.

Al parecer, el primer edil podría haber actuado en contra de los informes emitidos por la secretaría-interventora y los servicios jurídicos de la Diputación, atrasando la tramitación de algunos empadronamientos e impidiendo así su voto en las elecciones municipales que se celebraron en 2019 y que le dieron la alcaldía de nuevo al Partido Popular.

Unos meses más tarde, en el mes de noviembre, se produjeron las siguientes elecciones, nacionales, en las que estos 46 vecinos ya se encontraban empadronados y pudieron ejercer el voto, obteniendo el mayor número de votos el partido socialista.

Desde el PP, por su parte, denunciaron que dichos empadronamientos pretendían alterar el resultado de los comicios en este pequeño municipio de solo 92 habitantes, según el censo de 2021. Los populares denunciaron en aquel momento que el PSOE había multiplicado en un 300% los votos entre las elecciones de abril y las de noviembre por lo que consideraban que habían “adulterado el censo”.

“El 10 de noviembre el PSOE logró 35 votos frente a los 9 votantes socialistas que había en realidad el 28 de abril”, denunció el PP. Meses más tarde, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística anuló algunos de los empadronamientos, concretamente 26, al considerar que no vivían en el pueblo más de la mitad del año, requisito indispensable para ser vecino.

Una situación que los populares calificaron de “golpe de estado” al tiempo que acusaron a los socialistas de la cercana Onda de “empadronar de golpe a 46 personas en una localidad con un censo de 58 vecinos”.