El PSPV pedirá en el pleno la retirada del anteproyecto de ley de racionalización “porque no supone ninguna ayuda a los ayuntamientos”
El portavoz adjunto, Josep Gisbert, afirma que el anteproyecto presenta a los ayuntamientos como sospechosos de una crisis de la deuda en la que poco o nada ha tenido que ver
El PSPV pedirá en el pleno del martes de la Diputación de Castelló la retirada del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local porque fija unas medidas que difícilmente pueden admitirse desde el mundo local, tal como han manifestado la mayoría de fuerzas políticas y las respectivas federaciones de municipios y provincias, y que dan lugar a un proyecto decepcionante en su contenido e ineficaz en sus propuestas. Además, solicita también que cualquier modificación del régimen local cuente con un amplio consenso de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y del municipalismo y que cualquier reforma local tenga en cuenta los principios de autonomía local, descentralización administrativa, subsidiariedad y suficiencia financiera.
El portavoz adjunto socialista en la Diputación de Castelló, Josep Gisbert, ha señalado que el anteproyecto no tiene como eje central los derechos ciudadanos en el mundo local ni cómo dar mejor cumplimiento a los mismos ni a los servicios municipales, sino que bascula y queda limitado por el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Según Gisbert, “un condicionante que resulta redundante y falso porque los ayuntamientos tienen establecido por ley el cumplimiento del equilibrio presupuestario y porque la realidad del mundo local es la de acumular una mínima deuda financiera y comercial y un déficit de solo el 0,38% del total del de las administraciones públicas”.
Gisbert ha apuntado que “la financiación local, verdadero e histórico problema de los ayuntamientos, queda obviado en el anteproyecto, dado que se prioriza la transferencia obligatoria de competencias municipales a las diputaciones, en caso de dificultades, sobre fórmulas de asociacionismo voluntario como a mancomunidades o consorcios, que en determinados ámbitos podrían resultar igual o más eficaces y eficientes”.
El portavoz adjunto afirma que el anteproyecto presenta a los ayuntamientos como sospechosos de una crisis de la deuda en la que poco o nada ha tenido que ver, los muestra como ineficaces cuando nunca han contado con una financiación suficiente para los servicios que han prestado, muchos de ellos por la falta de actuación de las administraciones competentes, y se les ataca en su autonomía consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales.
