El PSPV agradece que la AECC y los profesionales del servicio de oncología hayan avalado la calidad de los tratamientos del Hospital Provincial
La secretaria de Derechos y Libertades Civiles del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón, Aurora Martínez, ha agradecido el posicionamiento efectuado en las últimas horas por los responsables de la Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón (AECC) a favor del Hospital Provincial.
Estas personas, tras conocer de primera mano el proyecto que pretende situar al Hospital Provincial de Castellón como un centro de referencia de diagnóstico y tratamiento del cáncer, han mostrado su satisfacción por la envergadura del mismo.
Un ambicioso programa con el que la actual consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ya ha impulsado la inversión de 7,8 millones de euros para la adquisición de nuevos equipos y la ampliación del servicio. Entre otras adquisiciones, Montón ha optado por la compra de un tercer acelerador lineal porque, recordemos, “el PP se negó a adquirirlo, a pesar de que los otros dos, por saturación, se averiaban constantemente. Como parece obvio, el PP tenía otras prioridades para el dinero público”.
Martínez agradece en nombre del Partido Socialista el reconocimiento efectuado por los representantes de la AECC, así como las declaraciones que la pasada semana realizaron los profesionales del servicio de oncología del propio hospital, en las que aseguraban que los tratamientos que se ofrecen en el Provincial están a la altura de los que prestan los mejores hospitales públicos del país”.
La secretaria de Derechos y Libertades Civiles considera que con estos posicionamientos se desmonta la campaña de “desprestigio” y de “acoso y derribo” que el PP ha orquestado contra la consellera Montón, cuyos dirigentes no están dispuestos a perdonarle que haya salvado el hospital, al asumir la Generalitat Valenciana el agujero de 30 millones de euros que dejaron los gobiernos del PP, un señor pufo”.
Tampoco le perdonan, añade, que “haya llevado a la Fiscalía las facturas sospechosas, presuntamente irregulares, con las que se encontró al llegar al cargo en 2015, por valor de 32 millones de euros”.