La Plataforma No a la Contaminación afirma que "el Consell pretende eliminar burocracia para reactivar la actividad en la minería y dejar desprotegida a la ciudadanía"
"El pasado 25 de enero leímos con preocupación en el periódico Mediterráneo que el Consell tiene previsto aprobar un decreto por el cual la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme y Ocupació pretende establecer medidas de agilización y simplificación de procedimientos administrativos en materia de minería, como exigía el sector (…) medidas de simplificación, documental o de tramitación en la gestión de los procedimientos administrativos para hacerlos más eficientes y accesibles, a fin de agilizar el desarrollo de la actividad minera y de otras industrias, como la azulejera”, afirman desde la Plataforma No a la Contaminación".
Desde la Plataforma Ciudadana No a la Contanimació "alertamos que detrás de esta supuesta simplificación se intuye una desregulación porque algunas de las medidas propuestas para esta simplificación son: “la supresión de trámites, la eliminación o reducción de cargas administrativas” y entre los trámites que se suprimirán destaca “la obligación de la presentación anual de planes de labores para permisos de investigación, que se sustituyen por la declaración responsable. Se sustituyen por declaraciones responsables los planes anuales de explotación, con lo que la empresa minera pasa a realizar una planificación cuatrienal de trabajos de explotación. Asimismo, se simplifica la documentación exigida para el otorgamiento de derechos de investigación y aprovechamiento de recursos minerales y se agiliza el procedimiento para la expedición y renovación de los certificados de aptitud de operadores de maquinaria minera móvil”, aseguran.
Afirman que "esta reducción de trámites y costes, exigida por el sector minero, que se nos presenta bajo la coartada de la eficiencia administrativa, la reactivación del sector y la creación de empleo, supondrá, sin duda, una reducción de costes empresariales, tanto económicos como temporales, perodificultará aún más el acceso a la información (“tramitación telemática”) por parte de la sociedad civil que tan sensible se muestra con proyectos tan negativos para el medio ambiente como la incineración de residuos en Alcora o Ribesalbes, la minería a cielo abierto en Costur o el fracking en el interior de la provincia de Castellón, también la MAT de Almassora-Morella".
"Esta simplificación comportará cierto grado de desregulación y falta de garantías que afectaran, como siempre, a los más débiles: la ciudadanía y el medio ambiente. Sólo nos queda confiar en una mayor sensibilidad por parte de los Ayuntamientos ya que son éstos quienes tienen la última palabra pues son los encargados de conceder los permisos de licencia de actividad y parece ser que la mayoría no los concede no sólo por el alto impacto visual sino también por inconvenientes como el polvo, el ruido, las explosiones, el elevado tránsito de camiones, la devaluación patrimonial de las viviendas y en definitiva por la pérdida de la calidad de vida actual y futura", argumentan desde la Plataforma.
"La desregulación, la dificultad en el acceso a la información y la falta de transparencia son incompatibles no solo con una ciudadanía cada día más informada sino con la misma democracia", concluye este grupo ciudadano.
