El PP se opone en la Diputación a reclamar a la Generalitat los 200 millones que debe a los ayuntamientos

El equipo de gobierno del PP, a cuyo frente se encuentra Javier Moliner, ha hecho valor su mayoría absoluta en la diputación para rechazar la propuesta defendida por el portavoz socialista, Francesc Colomer, para reclamar a la Generalitat los 200 millones de euros que debe a los ayuntamientos. La intención del grupo socialista era conseguir que la Generalitat pagase el dinero que debe a los municipios y así estos no tendrían que acogerse al Plan de Ajuste impulsado por el Gobierno de España para pagar a sus proveedores y podrían ahorrarse los intereses que ahora tendrán que pagar a los bancos por este dinero. En total, hablamos de 24 millones de euros, tal y como ha explicado Colomer, que podrían destinarse a planes de empleo. Sin embargo, el PP ha preferido votar en contra y no reclamar a la Generalitat el dinero que debe a los ayuntamientos, "a pesar de que Ecclestone sí cobra puntualmente por la Fórmula 1", tal y como se ha encargado de denunciar el propio Colomer.

Colomer ha recordado que en plenos anteriores, el grupo socialista presentó sendas mociones instando a la Diputación Provincial a reclamar a la Generalitat Valenciana la deuda que la misma tenía con los ayuntamientos de la provincia y con la propia Diputación. En el caso de la deuda con los ayuntamientos, el grupo Popular presentó una enmienda, que fue aprobada en el sentido de que una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, se instara a la Generalitat a fijar un calendario razonable de pago de dicha deuda. Y en el caso de la deuda con la Diputación, "incomprensiblemente a nuestro entender, el equipo de Gobierno de esta institución votó en contra de reclamar a la Generalitat Valenciana la deuda con la misma". Colomer ha señalado que "la magnitud de las cantidades de las que hablamos, aproximada y respectivamente 200 millones y 12,5 millones de euros, suponen, al menos en el caso de los ayuntamientos, un agujero que dificulta la gestión de los mismos, obligándolos a endeudarse". "Solo los intereses de esta deuda de la Generalitat, parte de la cual se remonta a más de cuatro años, suponen una cantidad importante con la que ahora deben cargar los consistorios de acuerdo con el plan de ajuste. Esa cifra se hubiera podido destinar a inversiones y proyectos importantes para las dinámicas sociales y económicas de las localidades", agrega el portavoz.

En esta misma línea, el secretario general provincial ha insistido en que "el problema del paro es quizá el mayor drama que, como en el resto del Estado, está viviendo la sociedad de Castelló. Y estamos viendo como las políticas de reducción de déficit no están dando resultados que ayuden a paliarlo al menos a corto plazo, sino que más bien conducen, además de a la incertidumbre y el malestar, a generar situaciones insostenibles para una gran parte de las familias castellonenses". Por ello, es fundamental impulsar planes de empleo en la provincia para generar puestos de trabajo y combatir el drama del paro".

Por lo que respecta a la segunda moción, los socialistas proponían la firma de un convenio con el Colegio Oficial de Abogados de Castelló para dar cobertura a los pueblos de menos de 5.000 habitantes y atender a las personas con problemas para hacer frente al pago de sus hipotecas, estableciendo los mecanismos de observación y seguimiento para evitar que las personas afectadas pierden la vivienda habitual. Así lo ha defendido el diputado provincial Juan Miguel Salvador quien también proponía la puesta en marcha de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, como un servicio de apoyo dirigido a personas o familias con dificultades para hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios y que se encuentren en riesgo de perder su domicilio habitual. Dicha oficina de intermediación tendría como objetivo plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas hipotecarias y evitar el inicio de los procesos de ejecución hipotecaria; negociar medidas alternativas a las dificultades derivada del impago y facilitar el mantenimiento de la vivienda por parte de la persona o núcleo familiar y evitar los lanzamientos siempre que sea posible, derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios.

Los socialistas recuerdan en la propuesta que cada día se produce en España una media de 159 desahucios de viviendas por el impago de la hipoteca o el alquiler y el 82% de estos desalojos tienen lugar en familias con menores a su cargo y que carecen de otra alternativa de residencia. En el caso concreto de Castellón, solo el año pasado se ejecutaron 1.796 desalojos, una cifra de récord derivada de una coyuntura económica muy complicada y un proceso de ejecución de préstamos hipotecarios desmesurado.

La actual Ley hipotecaria permite al acreedor adquirir el inmueble por el 60% del precio de subasta pública en el caso, cada vez más frecuente, que la misma quede desierta. La entidad bancaria se convierte en propietaria de la vivienda, cancela la deuda hipotecaria hasta el importe adjudicado en la subasta y mantiene el derecho de cobro sobre el resto de la deuda no saldada. Así, que junto a la pérdida de la propiedad de la vivienda se puede sumar el embargo de sueldo. Esta circunstancia tiene serias repercusiones sociales y económicas sobre los ciudadanos que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Los datos en Castellón nos recuerdan que en solo tres años, la cifra de personas que han perdido su casa por no hacer frente al pago de las hipotecas se ha multiplicado por 500%.

Lo más triste de esta situación es que detrás de estos números se esconden historias reales de personas, que en algunos casos por desconocimiento, en otros por errores y en otros por falta de trabajo no pueden hacer frente a esos compromisos adquiridos aun queriendo que así sea. Son varias las poblaciones de nuestra provincia que están estudiando la posibilidad de poner en marcha un servicio de mediación hipotecario gratuito para estos casos, todas ellas de más de 20.000 habitantes que son las que tienen posibilidades económicas. Sin embargo, para los municipios de menos de 5.000 habitantes es prácticamente imposible poder dar este servicio.

Los socialistas recuerdan además que, en el último pleno, presentaron para su debate y discusión una moción solicitando la firma de los convenios necesarios entre la Generalitat Valenciana, Diputación Provincial y municipios para atender esta triste realidad.