Mulet alerta que las desaladoras pueden acabar convirtiéndose en un “pequeño Castor”
El Senador de Compromís, Carles Mulet, ha recordado que más allá del debate estéril del PP y el PSOE por las desaladoras de Cabanes y Moncofa, la falta de reacción durante años por parte del gobierno central y los ayuntamientos afectados, pueden acabar convirtiendo la inversión de las desaladoras en un “pequeño Castor” en cuanto que tocará desembolsar millones de euros de dinero público para indemnizar a terceros por la mala praxis de la administración pública.
En ese sentido, Mulet ha recordado que las desaladoras de Cabanes-Orpesa recibieron de fondos Feder europeos 17,2 millones de euros, y la de Moncofa 17,9 para su construcción, y la fecha tope para la elegibilidad del gasto (aquellos necesarios para la ejecución del proyecto) es el 31 de diciembre de 2015, fecha tope que en el calendario de ejecución está previsto que ambas desaladoras, lo cual significa que en caso de no entrar en funcionamiento a finales de 2015, se tendría que devolver en Europa estas ayudas, por el contrario, estas hace años que están completamente finalizadas y pueden entrar en funcionamiento, pero no lo hacen por falta de demanda y porque automáticamente se tendría que empezar a pagar una tasa astronómica, tanto para pagar la parte financiada por el Estado, 34,8 millones de euros la de Cabanes, y 36,5 la de Moncofa a pagar en 25 años (la primera junto en Orpesa y en parte Benicàssim y la segunda junto a Xilxe), esto más el coste de mantenimiento de las instalaciones y de producción del agua desalinizada, que es obviamente cara.
Mulet ha recordado que en 2013 ya hubieran podido ponerse en funcionamiento las dos y era el horizonte máximo previsto, por el contrario, se ha dejado pasar el tiempo durante la presente legislatura, saben que y puede costar a las arcas públicas millones de euros esta inacción, todo para dejarle el problema como un regalo envenenado al próximo gobierno central, el que supone una temeridad. “El PSOE en Madrid impulsó estas actuaciones vergonzosas, en los dos casos para favorecer grandes operaciones urbanísticas, mientras no solucionaba los problemas de suministro hídrico de nuestros pueblos, y el PP a los ayuntamientos y la Generalitat, lo aprobaba entusiastamente. Ahora, por no querer abordar el problema, este aplazamiento sin haber negociado ninguna alternativa, puede costarnos 35 millones de euros por tener que volver esos fondos a Europa, y sea cual sea la manera de pagarlo, si se pone en funcionamiento, o ahora, o en el 2016, ahogará económicamente a los 5 ayuntamientos afectados. Por eso reiteramos que tocaría volver a exigir responsabilidad patrimonial a los responsables políticos municipales y estatales de este desaguisado, y que no se vuelva a cargar a las arcas públicas su irresponsabilidad, no queremos de nuevo un episodio lamentable como el Castor, que las decisiones políticas erráticas acaban suponiendo un atraco a las arcas públicas y ningún responsable político”
