El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón consensúa una moción para reclamar al Estado suficiencia financiera y autonomía presupuestaria de los ayuntamientos

El equipo de gobierno de PSPV y Compromís en la Diputación de Castellón aprobará en el próximo pleno de la institución provincial una moción conjunta en defensa de “la suficiencia financiera y autonomía presupuestaria de los municipios”, una propuesta que surge en el contexto del acuerdo anunciado por el Gobierno del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para contribuir a la recuperación económica del país tras los efectos negativos por la pandemia de la Covid-19.

Entre otros aspectos, el equipo de gobierno de la Diputación pide la tramitación del anunciado Real Decreto Ley 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales, como Proyecto Ley para que pueda ser objeto de enmienda por parte de todos los grupos políticos y fruto de un acuerdo más amplio.

De forma paralela, la Diputación de Castellón emplaza al Gobierno del Estado a derogar la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, para cambiarla por “una Ley menos hostil con los municipios y con unas reglas de gasto más flexibles”.

Asimismo, se reclama al Gobierno que “permita a los municipios disponer de los superávits de 2019 y los remanentes acumulados para poder hacer frente a los gastos derivados de las medidas de reactivación socioeconómica o de emergencia que hay que llevar a cabo”. Además, se considera necesario que el Estado “garantice recursos a aquellos ayuntamientos que no dispongan de remanentes, de tal manera que no se generen discriminaciones”.

Otro de los aspectos que solicitan PSPV y Compromís es que el Gobierno del Estado “cuantifique los gastos por servicios impropios producidos y las nuevas regulaciones durante la pandemia, con el objetivo de compensar a los municipios”.

Para el equipo de gobierno, aunque el Real Decreto Ley 27/2020 del Gobierno que plasma el acuerdo con la FEMP contempla aspectos positivos, como las ayudas de 5.000 millones de euros o la no exigencia del cumplimiento de la regla de gasto para 2020, “es necesario hacer un esfuerzo de consenso para llegar a una solución que satisfaga los intereses y las necesidades de los ayuntamientos”.

El portavoz del grupo socialista, Santi Pérez, considera que “hay que dar un impulso a la utilización de los remanentes de tesorería que durante tantos años, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP, ha hecho que los municipios no puedan usar esos remanentes para los proyectos que querían porque solo podían contar con ello para saldar deuda con los bancos”.

Según Santi Pérez, “es importante que el dinero del los ayuntamientos se destine a cubrir las necesidades de los municipios, por lo que esperamos que pueda haber un consenso amplio en el Congreso de los Diputados que de salida a un acuerdo positivo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias”.

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón Ignasi Garcia, considera que la formulación actual del Real Decreto podría suponer un «riesgo para la liquidez local» y por eso «instamos al Congreso a legislar para que los municipios puedan disponer de todos sus recursos y sin generar un agravio comparativo que discrimine aquellas poblaciones que no han podido obtener remanentes».

Según Garcia, «tenemos que poner fin a las tutelas y avanzar hacia un modelo legislativo que garantice la prestación de servicios por parte de los ayuntamientos con el objetivo de que sea a la vez escudo social y motor económico en la era post-covid y que puedan dar una respuesta rápida y próxima a las necesidades de la ciudadanía en este contexto incierto». En esta línea, el grupo valencianista considera también que «hay que emplazar en el gobierno español a flexibilizar la regla de gasto y derogar la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria».