50 entidades y colectivos piden que no se autorice la MATE de los Puertos ni la macroplanta fotovoltaica MAGDA en les Coves de Vinromà
Este jueves 25 de julio es la fecha tope porque los proyectos de generación y transporte de energía que dependen del gobierno central obtengan la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública para poder salir adelante, decisión que se ratificará en el consejo de ministros convocado por este martes.
En un comunicado publicado en las redes sociales, una cincuentena de asociaciones y colectivos de defensa del territorio de las comarcas de Castelló, así como también la Coordinadora de Ubicación Racional de las Energías Renovables y otras asociaciones de la Comunitat Valenciana, piden a los responsables políticos del Ministerio que no autoricen estos proyectos por las graves consecuencias y afecciones ambientales, sociales y económicas que supondrían por el vecindario y los pueblos del interior de las comarcas de Castelló.
Ambos proyectos, que cuentan con informes desfavorables por parte de la Diputación de Castelló y las consellerías de patrimonio, paisaje y medio ambiente de la Generalitat Valenciana, se encuentran judicializados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por posible delito ambiental y prevaricación durante el proceso de tramitación de la Declaración Ambiental (DÍA). Tanto MAGDA como el Clúster Maestrazgo y su línea de evacuación de Muy Alta Tensión que pretende cruzar els Ports, están impulsados por multinacionales y fondos de inversión extranjeros, que según el comunicado pretenden usar el interior de la provincia de Castelló para producir y transportar energía de forma masificada, especular con el precio de comercialización y aumentar los beneficios de su accionariado: «se trata de fondo de inversión que desconocen y maltratan el territorio en nombre de la transición energética y para hacer su negocio privado. Es evidente que volemos y necesitemos una transición hacia las energías renovables, pero no pueden ser multinacionales y fondos de inversión extranjeros quien decida sobre la ordenación del territorio modelo de implantación y ordenación de estas infraestructuras según sus intereses económicos, todo sin tener en cuenta el impacto y la opinión de las personas que vivimos en el mundo rural y nuestras administraciones».
Tanto el Ayuntamiento de las Cuevas, donde se pretende ubicar mayoritariamente la macroplanta MAGDA, como los ayuntamientos de El Portell, Cinctorres y Morella, por donde pretenden pasar la autopista eléctrica del Clúster Maestrazgo, han aprobado mociones y posicionamientos contrarios a la ejecución de estos proyectos extractivistas y existe una gran oposición popular del vecindario como se ha podido observar a las diferentes manifestaciones y actas convocados en los últimos meses tanto los mismos pueblos como las ciudades de València y Castelló.
Las entidades de defensa del territorio también exigen a los responsables políticos de la Diputación de Castelló, del gobierno de la Generalitat Valenciana y del Ministerio para la Transición Ecológica del gobierno español un mayor compromiso e implicación en la defensa de nuestros pueblos y comarcas ante este ataque, y exigen que «en ningún caso se otorgue la utilidad pública a proyectos privados y especulativos como MAGDA o el Clúster Maestrazgo, que que significarían una cicatriz de por vida por nuestras comarcas y pueblos, y acentuaría todavía más la problemática del despoblamiento a las áreas rurales.