La Diputación solicitará que la Generalitat acometa una adecuada ordenación de las infraestructuras fotovoltaicas que evite graves afecciones al territorio

Los diputados de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Santi Pérez e Ignasi Garcia, y la diputada de Turismo, Virginia Martí, se han reunido hoy con representantes de la Plataforma No MAGDA/MAT, que cuenta con vecinos y miembros de la agrupación de empresarios del sector agroalimentario y turístico de la Plana de l’Arc, para abordar la problemática referente al proyecto de establecimiento de una macroplanta fotovoltaica denominada ‘Magda’ en esta zona de la provincia de Castellón.

Según ha explicado el diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, los diputados se han comprometido a «a trasladar a la Generalitat la necesidad de que se realice una ordenación adecuada de este tipo de infraestructuras en el territorio para que generen la menor afección posible, porque aunque apostamos por las energías renovables, creemos que hay que hacerlo de una manera ordenada y con una buena planificación». «Lo que no puede ser», ha dicho, «es que se tale un gran número de árboles, originando un fuerte impacto sobre el mosaico agrario de la comarca».

Es una opinión compartida por el diputado de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, quien subraya que «la necesaria transición energética no se puede hacer a base de la destrucción del territorio y de expulsar a las pymes, empresas y trabajadores que hay en nuestro mundo rural». Por ello, «hace falta que las actuaciones sean respetuosas con el territorio y estén descentralizadas, en red, y apostando por las comunidades energéticas y el autoconsumo, y no por grandes producciones que solo mantienen a un oligopolio que cuando llegan los momentos más duros de frío, suben el precio de la luz a nuestras familias».

Cabe recordar que el pleno de la Diputación de Castellón celebrado el pasado martes aprobó una declaración institucional respaldada por todos los grupos políticos rechazando el proyecto ‘Magda’ en cuyo texto se solicitaba al Gobierno de España la suspensión de su tramitación.