Compromís pide medidas para ‘evitar’ la devolución de 35 millones a Europa por el “pufo de las desaladoras"
En plena investigación por los supuestos casos de corrupción en las adjudicaciones relacionadas con Acuamed –la empresa pública que ejecutó las grandes obras de infraestructuras hídricas diseñadas por el Gobierno Central- y mientras se suceden las noticias de supuestos amaños en adjudicaciones y precios en las obras, desde Compromís se ha alertado de un “riesgo añadido a este cúmulo de despropósitos”: la inminente devolución a Europa de los 35 millones que la UE destinó en ayudas a estos proyectos en Orpesa y en Moncofa por no activar dichas infraestructuras.
Así lo ha manifestado la portavoz adjunta de Compromís en les Corts, la vila-realense Mônica Àlvaro, quien ha asegurado que “la falta de interés del PP en la puesta en marcha de estas infraestructuras hídricas millonarias han provocado que venza el plazo inicial fijado por Europa para activarlas–finales de 2015-, por lo que Ejecutivo Central y en última instancia la Generalitat Valenciana corre el riesgo de tener que afrontar un nuevo agujero económico, esta vez de 35 millones de euros, por la nefasta gestión del PP”.
Por su parte, la responsable de Medioambiente y de Obras Públicas del Grupo Parlamentario Compromís en les Corts, Belén Bachero, ha manifestado que, “independientemente de que se pueda apurar más o menos el plazo, -desde la Comisión Europea indican que se podría estirar hasta marzo de 2017- “el PP ha dejado al Ejecutivo Central, al Consell y a los municipios de Castellón con desaladora en una encrucijada, porque optamos entre tener que devolver 35 millones de euros a Europa o activar unas desaladoras de Cabanes y Orpesa que, debido a los errores de previsión en el aumento poblacional previsto –que no se ha producido-, disparará hasta límites inalcanzables el canon del agua que se verán obligados a pagar los municipios afectados”.
Así las cosas, desde Compromís han formalizado ya una batería de preguntas para que el Consell se ponga manos a la obra y aclare “qué va a pasar con esos fondos; cómo está previsto devolver esa cantidad a Europa; en qué plazo habrá que devolver dicho importe, o si por el contrario, se prevé activar dichas desaladoras, con el ingente coste que ello supondrá para los habitantes de los municipios afectados”.
Riesgo para los municipios
Bachero ha recordado que las dos dotaciones “hace años que están completamente finalizadas y pueden entrar en funcionamiento, pero no lo hacen por falta de demanda y porque automáticamente se tendría que empezar a pagar una tasa astronómica, tanto para pagar la parte financiada por el Estado, 34,8 millones de euros la de Cabanes, y 36,5 la de Moncofa a pagar en 25 años (a primera junto en Orpesa y en parte Benicàssim y la segunda junto a Xilxes), esto más el coste de mantenimiento de las instalaciones y de producción del agua desalinizada, que es obviamente es elevado”.
