Colomer afirma que el boicot de Camps a la Ley de la Dependencia ha provocado que Castelló pierda más de 800.000 euros y más de 1.100 puestos de trabajo

La dirección provincial del PSPV-PSOE de Castelló, reunida esta semana en Borriol, mostró su preocupación al comprobar que, el continuo boicot que la Generalitat Valenciana practica con la aplicación de la Ley de la Dependencia, ha provocado que la provincia de Castelló pierda, en estos dos últimos años, más de 800.000 euros necesarios para atender a las más de 23.000 personas dependientes de Castelló; se dejen de generar más de 1.100 puestos de trabajo directamente relacionados con esta ley, en una provincia especialmente castigada con un alto índice de desempleo; además de no poner en funcionamiento centros como el antiguo Hospital Gran Vía o el Centro de Día para personas mayores de Burriana, que todavía permanecen cerrados a pesar de estar finalizados desde hace meses.

Por estos motivos, el secretario general provincial y portavoz socialista en la diputación de Castelló, Francesc Colomer, ha calificado de "irrenunciable el derecho del conjunto de los ciudadanos de la provincia de Castelló que optan a beneficiarse de la Ley de Dependencia, cuando la Generalitat Valenciana se ha gastado 90 millones de euros en las obras de acondicionamiento del circuito urbano de Fórmula 1 para un solo fin de semana”. Colomer ha manifestado que defenderá hasta el final este derecho y, por ello, pide al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que muestre la misma sensibilidad para la aplicación de la Ley de Dependencia que ha tenido con el evento deportivo.

Por su parte, la secretaria de Política Social de la dirección provincial, Rosa Marco, ha explicado que han pasado más de tres años desde que la Ley de la Dependencia entrara en vigor en nuestro país, pero su aplicación en nuestra Comunitat ha sufrido el boicot premeditado y reiterado del gobierno valenciano que ha mostrado no estar dispuesto a aplicarla. Marco ha señalado que "esta situación nos sitúa en la cola de las comunidades en cuanto a la aplicación de la ley junto con Madrid y Canarias, ya que en el número de solicitudes registradas somos los terceros por la cola, en dictámenes los cuartos y en prestaciones realmente recibidas por las personas dependientes, los terceros". "Un hecho que conlleva a ser una de las comunidades que más trabas y obstáculos están poniendo a la aplicación de la ley" agrega Marco.

La responsable de Política Social ha manifestado que para justificar la no aplicación de la Ley de Dependencia, el Gobierno Valenciano vuelve a echar mano del victimismo, alegando que la ley no se cumple porque el Gobierno Central no nos transfiere los fondos necesarios, pero no es así. "El PP es el único responsable de que el dinero del Gobierno Central se pierda por el camino o no llegue, ya que desde el año 2007 la Comunitat Valenciana recibe puntualmente los fondos del Gobierno Central a través de convenios anuales firmados por la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales", argumenta Marco.

Por último, la dirigente socialista ha indicado que el pasado 21 de julio, el BOE publicaba el nuevo convenio para el año 2010 por el que a la Comunitat Valenciana se le transfería, por parte del Gobierno Central, la cantidad de 25.294.787 euros, "un dinero que nos corresponde atendiendo al nuevo modelo de financiación de la Ley de la Dependencia que se aprobó en el último Consejo Territorial de la Dependencia, donde el grueso de los fondos, un 56%, se repartiría en función del número de personas que están percibiendo ya las prestaciones de la ley, y el 44% restante en función de las personas potencialmente dependientes". Sin embargo, "si el Gobierno valenciano hubiera realizado sus deberes y hubiera puesto empeño y voluntad en aplicar la ley, la cantidad de dinero transferido por el Ejecutivo Central habría sido de 31.487.773 euros, cantidad real que nos corresponde atendiendo a que la población valenciana potencialmente dependiente representa el 11,11% de la población nacional", insiste la socialista. "De modo que hemos perdido en este año más de 6.187.986 euros que se unen a los 12 millones que el año pasado también perdimos", concluye Marco.