Catedráticos de Derecho coinciden en la falta de medios de investigación como uno de los principales obstáculos contra la corrupción
Catedráticos de Derecho Procesal, Constitucional, Administrativo, Financiero y Penal han participado en la jornada «Justicia y Corrupción» que se ha celebrado en la Universitat Jaume I bajo la dirección de la catedrática acreditada de Derecho Procesal de la UJI, Andrea Planchadell.
Esther Pillado González, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Vigo, ha iniciado su intervención explicando que «no sólo debemos luchar contra la corrupción pública sino también contra las corruptelas diarias que existen en nuestra sociedad», y ha afirmado que la mejor forma de acabar con estos comportamientos es «crear una conciencia social». Pillado ha explicado que aunque en la actualidad se investiga más y mejor hay dos hechos que provocan insatisfacción en los ciudadanos: que la justicia actúa de forma muy lenta y que aún en el caso de que haya condenas, los implicados en los casos de corrupción no devuelven lo adquirido de forma ilícita. La catedrática ha explicado las principales cuestiones a resolver para agilizar la lucha procesal contra la corrupción: los aforamientos, que se han convertido en un privilegio procesal; la figura de la acción popular, que ha sido muy criticada pero también muy eficaz en la lucha contra la corrupción; y los indultos, que no deberían existir cuando se trata de determinados delitos como la corrupción.
Ricardo García Macho, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la UJI y presidente del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, ha asegurado que «el problema de la corrupción en España no ha acabado porque es un tema estructural», lo que ha achacado a la falta de mecanismos de control del mandato representativo en general. García Macho ha indicado que «si no hay cauces de participación ciudadana en el proceso político no se podrá mejorar ni acabar con el problema de la corrupción» y ha añadido que para conseguir esta democracia participativa hace falta una opinión pública formada y capacitada. El catedrático emérito ha resaltado la importancia de dos factores en este proceso: los mecanismos de transparencia –que en nuestro país carecen de los medios y las competencias suficientes- y la potenciación del derecho a la información, ya que en nuestro sistema jurídico prevalece sobre él el derecho a la protección de datos.
Germán Orón Moratal, catedrático de Derecho Financiero de la UJI, ha hecho un repaso a las normas fiscales que se han ido incorporando en los últimos años y que han podido ayudar a la hora de atajar la corrupción y controlar el dinero negro, pero también ha sido muy crítico con otras medidas como la aprobación de la amnistía fiscal de 2012. «No hay caso de corrupción en España que no tenga un amnistiado» ha afirmado el catedrático, quien ha recordado que la amnistía fue declarada inconstitucional. Orón ha concluido explicando que existe una directiva de la Unión Europea de 2015 sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que España no está aplicando, por lo que ya ha sido requerida e incluso puede llegar a ser sancionada.
Marisa Cuerda Arnau, catedrática de Derecho Penal de la UJI y delegada del Rector para la Inspección de Servicios, ha abordado las últimas reformas que se han realizado en las normas penales, sobre todo a la hora de ampliar los tipos de delitos de corrupción pública, y ha sido tajante al asegurar que estas reformas no eran necesarias ni se han hecho de forma eficiente. En este sentido ha detallado algunos de estos delitos como el cohecho, el tráfico de influencias, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, la financiación ilegal de partidos políticos, etcétera. «En el Código Penal había y hay suficientes mecanismos para castigar la corrupción, el problema no es una deficiente legislación sino la falta de un control efectivo, la falta de transparencia y de medios de investigación» ha asegurado.
Para finalizar, Juan-Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal de la UJI, ha explicado que, a nivel normativo, el verdadero problema para acabar con la corrupción está en el derecho procesal, y más concretamente en la fase de investigación, tal y como reflejan dos datos: sólo el 10% de los investigados por corrupción en nuestro país llegan a juicio oral y de ellos sólo el 6% son condenados, lo que ha calificado como «una estadística miserable y vergonzosa». El catedrático de la UJI ha querido destacar muchos grandes casos de corrupción se han descubierto por casualidad, a raíz de otras investigaciones que tenían autorizadas intervenciones telefónicas. En este sentido, ha defendido la importancia de las intervenciones telefónicas para luchar contra la corrupción, un ámbito en el que se ha avanzado mucho en España, aunque lamentablemente no ocurre lo mismo en otros países europeos. Gómez Colomer también ha abordado la importancia de la figura del informante y ha mostrado su preocupación por el hecho de que los indicios estén ganando fuerza frente a la prueba de cargo, lo que puede suponer un peligro para la presunción de inocencia.
Presentación de la jornada
En la presentación de la jornada ha participado el secretario general de la UJI, José Luis Blasco, quien ha explicado que la corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los españoles y que todas las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ejercer tanto la lucha, como la prevención, contra esta lacra. El presidente del Consejo Social de la UJI y abogado, José-Luis Breva, quien ha indicado que España está en un proceso de mejora aunque aún falta mucho trabajo y hay que avanzar en la educación en valores cívicos y éticos. En el mismo sentido se ha manifestado el presidente del Consejo Social de la Universidad de Vigo y abogado, Ernesto Pedrosa, quien ha defendiendo que la solución a este problema pasa por crear una conciencia ciudadana en la que prevalezca el servicio público. Por último, Andrea Planchadell ha ofrecido algunos datos para poner de manifiesto la magnitud del problema de la corrupción en España: hasta 2016 se conocían 305 casos de corrupción y había un total de 1.378 acusados por casos de corrupción.
En el encuentro, que ha sido organizado por el Consejo Social de la Universitat Jaume I y los grupos de investigación Due Process Research Group (DUPRO) y Estudios Avanzados de Derecho Procesal (EADEP) -dirigidos por Juan-Luis Gómez Colomer, también participaron magistrados, fiscales y abogados que han analizado aspectos más técnicos y profesionales de la relación entre justicia y corrupción.
