Castellón pide al Gobierno que paralice una planta fotovoltaica de casi 500 hectáreas

El pleno ordinario de la Diputación de Castellón celebrado este martes 15 de febrero ha aprobado una declaración institucional en la que se solicita al Gobierno de España "la suspensión de la tramitación  del proyecto para el establecimiento de una planta solar fotovoltaica denominada ‘Magda’ en el territorio de la provincia de Castellón”. 

La propuesta, a instancia del PP, rechaza una infraestructura que "tendría impacto en el conjunto de la provincia” y que afectaría de forma directa a los municipios de les Coves de Vinromà, Vilanova d’Alcolea, la Torre d’en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, la Vall d’Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora, por ser los que albergarían la planta y las líneas de evacuación. 

El proyecto Magda es una macro planta fotovoltaica que abarca casi 500 hectáreas y 258.622 paneles solares. Está dividida en dos zonas: la norte con 375 hectáreas en les Coves de Vinromà y la sur en los términos de Benlloch y Cabanes.

Partido Socialista, Partido Popular, Compromís y Ciudadanos también se dirigen a la Generalitat Valenciana, a la que instan a rechazar el proyecto en los informes sectoriales. Además, solicitan que la Diputación de Castellón cree un grupo de trabajo con representantes de todas las administraciones implicadas a fin de encontrar la mejor solución ante la implantación de este tipo de infraestructuras en la provincia.

En la exposición de motivos del texto aprobado se reconoce que la generación de energía eléctrica es uno de los grandes retos que hay que abordar desde los puntos de vista de la sostenibilidad medioambiental, la defensa del territorio, el patrimonio, el desarrollo económico y la ciudadanía que se vería directamente afectada.

PP en Diputación: “Solo se ejecutará si se escucha al territorio”

Desde el Partido Popular han sacado pecho del acuerdo unánime a su iniciativa, una moción que se ha convertido en declaración institucional, que se traduce en un rechazo al proyecto que solo se ejecutará “si se escucha al territorio”. 

“Hoy traemos a este pleno la voz de los vecinos de Les Coves, de Benlloc y de Cabanes. De los vecinos que han salido a la calle porque nadie les escuchaba y exigen ser atendidos porque la planta fotovoltaica destruye su paisaje, su actividad agrícola y su patrimonio”, según la portavoz adjunta del PPCS, Mª Ángeles Pallarés.

Defensa del Fondo de Cooperación

En el transcurso de la sesión plenaria también se ha aprobado una moción impulsada por los partidos que conforman el equipo de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís, en la que se muestra el apoyo de la institución al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana. El texto, que ha contado con el voto afirmativo de los socios de gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular, señala que la Diputación de Castellón manifiesta su compromiso con este fondo, al que considera «un instrumento para que la autonomía local sea una realidad». 

En consecuencia, se insta a todas las fuerzas políticas y administraciones públicas valencianas a «no judicializar y no bloquear un instrumento que rema hacia una financiación más justa para los ayuntamientos de la provincia». Es una iniciativa que se adopta a raíz de la decisión Partido Popular en la Comunitat Valenciana de promover que el Grupo Popular en el Congreso presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Generalitat que regula el Fondo de Cooperación Municipal. El texto recuerda que «en 2021 la Diputación dobló la aportación de 5,6 millones que realiza la Generalitat Valenciana a este fondo, transfiriendo 11,2 millones de euros, con lo que los 135 ayuntamientos de la provincia percibieron a través del Fondo 16,8 millones de euros». También menciona que en 2022 la Diputación transferirá a estos municipios  por esta vía 15 millones de euros.

El diputado de Concertación con los ayuntamientos, Ximo Huguet, ha intervenido en el pleno en representación del Grupo Socialista, para instar al Grupo Popular a pedir a su presidente regional, Carlos Mazón, que retire el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Fondo de Cooperación Municipal. 

También se ha referido al «doble discurso del PP de Castellón», al que ha pedido «coherencia» porque «defiende el Fondo de Cooperación cuando está en la oposición pero no lo aplica cuando está en el gobierno», señalando que «si el Partido Popular continuara al frente de la Diputación de Castellón a los ayuntamientos de la provincia, y especialmente a los más pequeños, llegarían cero euros por esta vía». 

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha defendido que  «fue la llegada del gobierno del Botánico la que permitió poner en marcha uno de los compromisos estatutarios de la Comunitat Valenciana como el Fondo de Cooperación Municipal. Una manera de hacer llegar a nuestros municipios recursos económicos para su gestión de día a día debido a una infrafinanciación municipal que no ha arreglado todavía el gobierno de Madrid». Garcia ha lamentado «que haya partidos políticos que aprobaron el estatuto y que ahora rechazan el fondo e intentan llevarlo a la inconstitucionalidad, siendo como es, la principal aportación que hacen la Generalitat y la Diputación a los municipios». Según ha dicho, «es del todo inconcebible».

#CastellóAvança

El pleno también ha dado luz verde con el voto a favor de todos los grupos a la ordenanza que regula el nuevo plan #CastellóAvança, el programa inversor municipal para el bienio 2022-2023, cuya dotación económica asciende a 30 millones de euros. Es la evolución del anterior Plan 135 y se ha concebido para dotar de mayor flexibilidad y autonomía a los municipios de la provincia, que podrán desarrollar sus obras a dos años vista, sin la presión administrativa de tener que redactar, licitar, adjudicar, ejecutar y finalizar los proyectos en un único ejercicio.

Haciendo uso de su autonomía municipal, las alcaldesas y los alcaldes podrán destinar todo el dinero que les corresponda para el bienio 2022-2023 a una única actuación de gran envergadura o bien destinar esos fondos a un máximo de cuatro obras. Al menos el 20% de las inversiones deberán ir en la línea que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.