“Casos como el de Vitaldent son un ejemplo más de la mercantilización de la odontología”
“Estamos ante un problema grave de mercantilización de la sanidad derivado de la mala praxis aplicada por clínicas dentales gestionadas por empresarios ajenos a la profesión odontológica que priman el beneficio económico sobre todo lo demás”. Es lo que, a juicio del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS), evidencian casos como el de Vitaldent, cuya cúpula directiva ha sido detenida esta semana por presuntos delitos fiscales, blanqueo y estafa.
Para el organismo colegial castellonense, esta situación “sólo puede atajarse con una mayor regulación de este tipo de centros y de la publicidad sanitaria confusa que muchos de ellos promueven para atraer pacientes”. Una reivindicación lanzada desde el Consejo General de Dentistas de España a la que el CODECS se suma en aras de lograr “un cambio legislativo para que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de empresas corresponda a dentistas”.
Insisten en que el caso de Vitaldent o el de Funnydent –cuyo cierre repentino hace tres semanas ha dejado a cientos de pacientes con tratamientos dentales, ya abonados, a medias- “son la crónica de una muerte anunciada de la que llevamos años advirtiendo a través de numerosas campañas promovidas por el Colegio y también a la Administración, a la que pedimos implicación para poder coordinar esfuerzos junto a los colegios profesionales para atajar este problema, que es ya un tema de salud pública”, aclara el presidente del CODECS, Victorino Aparici.
En este sentido, y suscribiendo el comunicado hecho público por el Consejo de Dentistas, detallan que la implicación del Gobierno es necesaria para llevar a cabo un cambio normativo que salvaguarde los derechos de los pacientes y de los profesionales sanitarios afectados.
Ante la alarma social generada por estos dos últimos casos, “que por desgracia se han repetido ya en el pasado”, desde el CODECS instan a la población a “informarse bien antes de acudir a una clínica para someterse a un tratamiento dental” y a distinguir entre los centros “para los que prestar una correcta atención sanitaria es algo secundario, de los centros de odontología cuyo objetivo único es aplicar un buen tratamiento y velar, desde la ética, por la salud del paciente”.
“Que comparen centros, que pidan presupuestos detallados, y que sean cautos a la hora de sucumbir a las fórmulas de pago que ponen sobre la mesa la financiación por adelantado de los tratamientos mediante la suscripción de créditos con entidades externas a la propia clínica”, advierten desde la Junta del CODECS. Fórmulas que no buscan “facilitar el pago a los pacientes, sino, de algún modo, atarles, con independencia de si el tratamiento concluye o no satisfactoriamente, para así percibir un beneficio de manera inmediata”.
El Colegio de Castellón no ha recibido hasta el momento ninguna reclamación por parte de pacientes de alguno de los centros Vitaldent ubicados en la provincia, aunque recuerdan que ocho de cada diez quejas registradas por el CODECS en 2015 se dirigieron contra clínicas comerciales.
Desde el CODECS lamentan “profundamente” la situación generada en el sector tras los últimos dos escándalos ligados a Vitaldent y Funnydent, pero insisten en defender la “honradez” por la que se mueve “la mayoría de quienes nos dedicamos a esta profesión”.
Por último, recomiendan a los pacientes afectados que, ante cualquier duda, recurran al Colegio para buscar asesoramiento. También aconsejan que, tal y como han expresado el Consejo General y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a raíz de la operación policial contra Vitaldent y a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, que conserven toda la documentación que les vincule a la clínica (presupuestos, contratos o facturas), que pospongan el inicio de nuevos tratamientos o pagos, o que denuncien ante “cualquier irregularidad al recibir los servicios o por cierre de la clínica”.
En relación a la financiación de los tratamientos, el colegio castellonense demanda que se articulen las acciones necesarias para que, si cesa la prestación del servicio, pueda interrumpirse el pago de las cuotas de manera inmediata y se lleve a cabo la condonación del crédito suscrito.
