Blanch: “Es más que improbable que Fabra aclare el jueves ante el juez lo que ha sido incapaz de explicar en seis años”

La PSPV-PSOE de la provincia de Castelló, en boca de su secretario de Acción Electoral, Ernest Blanch, se ha mostrado convencido de que el presidente de la diputación, Carlos Fabra, “será incapaz el jueves de aclarar ante el juez –ese día tiene previsto declarar en el juzgado a petición propia- lo que ha sido incapaz de explicar en seis años” en alusión a los ingresos millonarios que, según la Agencia Tributaria, estuvo realizando en sus cuentas y que luego escondió a Hacienda. Blanch se ha pronunciado en estos términos después de que la última “argucia legal de Fabra haya sido decir ahora que quiere declarar, cuando hasta ahora siempre se ha negado a aclarar las irregularidades tanto en Hacienda, donde jamás fue pese a los innumerables requerimientos; como en el juzgado, donde se acogió a su derecho a no declarar como en la diputación, pese a estar imputado por tráfico de influencias y cohecho”. Por este motivo, el secretario de acción electoral se muestra convencido de que “esta nueva excusa no pretende más que retrasar el proceso para intentar evitar a toda costa una condena antes del 22 de mayo, ya que en el caso de que se produjera arrastraría a toda la cúpula del PP tanto en Castelló, como en la Comunitat Valenciana y hasta al propio Rajoy quien no tuvo reparo en afirmar en público que Carlos Fabra era un “ciudadano y un político ejemplar”.

Blanch ha afirmado además que es “inaudito en una democracia moderna que una persona que se enfrenta a 15 años de cárcel por fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho siga administrando dinero público, porque lo normal es que se le hubiera apartado de cualquier cargo ya que estamos hablando de informes de la Agencia Tributaria y de investigaciones judiciales muy avanzadas”. De hecho, cabe recordar que en el escrito del fiscal, que recogieron los medios de comunicación en julio, se señala que en 1999 Vicente Vilar, administrador único de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Carlos Fabra para que, valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación castellonense, tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos.

Asimismo, el escrito señala que Fabra realizó una tarea de intermediación "en favor no sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa, y que estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción de productos fitosanitarios, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, que era subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a mantener reuniones con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos".

Además, la Fiscalía apunta, siempre según la información recogida en los medios de comunicación, que en abril de 2000, Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90% de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.

El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados". De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Por todo ello, el fiscal considera que Carlos Fabra es autor de los delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho y de otros cinco contra la Hacienda Pública.