El juzgado archiva la denuncia de Compromis contra la alcaldesa y cuatro concejales
La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, ha dado a conocer hoy que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Paterna ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias abiertas contra el Ayuntamiento de Paterna por un delito de prevaricación administrativa en relación a la encomienda de Marketing del año 2013, a raíz de una denuncia formulada por el Grupo Compromís per Paterna. A raíz de dicha denuncia, el ex alcalde Agustí y cinco concejales tuvieron que presentarse en el juzgado en calidad de imputados para contrarrestar la denuncia del grupo Compromís, habiéndose probado casi un año después que todo se realizó conforme a la legalidad.
La alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, ha valorado el auto como “un ejemplo del mal uso que un partido político puede hacer del Poder Judicial” y añadió que “si por algo se ha caracterizado Compromís es por llevarlo todo al Juzgado, no para esclarecer la verdad sino para lograr una imputación y desacreditar nuestra labor con falsas acusaciones”. Para Martínez “ese es el mérito que hay que atribuirle al grupo Compromís per Paterna y esa es su forma de entender la política, muy particularmente la de su portavoz, Juanma Ramón”, indicó la alcaldesa.
Para explicar el origen de la denuncia la alcaldesa explicó que este Equipo de Gobierno decidió en la primera legislatura crear una empresa pública para prestar los servicios municipales. Entre más de una veintena de servicios se encuentra la denominada encomienda de Marketing, que engloba una gran variedad de servicios, entre ellos la Agencia de Desarrollo Económico. Martínez recordó que “dicha Agencia se creó para ofrecer suelo municipal de Paterna a posibles empresas que quisieran instalarse en el entorno de los cinco núcleos empresariales que tenemos y también se ocupó de diversos gastos relacionados con la promoción de la Zona Franca”. La alcaldesa ha añadido que “Compromís denunció que el Ayuntamiento no podía encomendar ese servicio a la empresa pública, pero aprovechando una cuestión completamente administrativa, se ha querido engañar a la población y nos han acusado de corrupción, de actuar en contra de la legalidad y de hacer caso omiso a los informes de los habilitados nacionales”.
Al respecto de dichas acusaciones la alcaldesa ha leído la valoración del auto judicial en la que se indica: “en conclusión de la documental aportada, de la ampliación a la declaración prestada por la Sra. Secretaria municipal ha quedado justificada la necesidad e idoneidad de que la Gespa prestara el servicio de marketing al Ayuntamiento. Así de las declaraciones se desprende que la prestación de servicio de Marketing Global por la Gespa significaba un ahorro por el Ayuntamiento, y además este no contaba con personal propio que pudiera realizar estos trabajos y la Gespa sí”.
Respecto al fondo del asunto, la juez añade: “por todo lo expuesto el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local en fecha 30/04/2013 por el que se aprobaba el anexo del ejercicio del 2013 de la encomienda de Marketing Global a la Gespa no es contrario a ley ni injusto arbitrario, pues resulta justificada y necesaria la prestación de dicho servicio”.
Finalmente acaba el auto diciendo: “Las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 637.2 y 779.1 regla 1ª y 798.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar el sobreseimiento y el archivo de las mismas”
La alcaldesa ha lamentado que “esta denuncia ha costado ha este grupo de concejales un gran descrédito del cual ya nunca se nos va a resarcir”. La decisión de la Juez no nos quita el hecho de que durante casi un año hemos tenido que estar defendiendo nuestra inocencia. Nunca se abrió juicio pues eran diligencias previas de investigación, sin embargo los grupos de la oposición nos condenaron”, ha apuntado.
Además del daño moral causado, la alcaldesa recordó que “la defensa jurídica nos la hemos costeado de nuestro propio bolsillo los concejales afectados”. El Ayuntamiento no se ha hecho cargo porque “no sería justo que de la irresponsabilidad del grupo Compromís tuviera que hacerse cargo la ciudadanía”.
Finalmente Elena Martínez ha reiterado en nombre de todo el equipo de gobierno “nuestro más absoluto respeto a las instancias judiciales, elemento imprescindible de nuestro estado de derecho, pero a la vez nuestra más absoluta repulsa al uso político que se quiere hacer en ocasiones del Poder Judicial y que tanto caracteriza a esta oposición”.
