Compromís per Paterna lleva a Fiscalía las facturas del aumento de 40.000€ en la encomienda de marketing
El portavoz municipal de Compromís en Paterna, Juanma Ramón, afirma que “hemos tenido acceso a las facturas que se han pagado con el decretazo de 26 de diciembre de Elena Martínez, por el cual aumentaba en 40.000 euros el gasto de la encomienda de marketing global de GESPA. Gasto con informes en contra del Interventor, de la Secretaria y de la jefa de área, y que es un desafío al Fiscal en toda regla, puesto que recuerda que la alcaldesa está imputada por aprobar facturas con informes en contra”.
Ramón explica que “dadas nuestras dudas y que está repitiéndose el modelo de la anterior imputación, vamos a trasladar a Fiscalía toda la documentación para que determine si un ayuntamiento puede asumir estos gastos a pesar de haber informes que dicen lo contrario. Y que, evidentemente, estudie y dictamine, si es necesario, las responsabilidades legales que podrían haber y en quienes recaerían”.
“Martínez tuvo el asunto encima de la mesa en la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de diciembre, y lo retiró a petición de la teniente de alcalde Sara Álvaro, quién le solicitó ‘dejar encima de la mesa el expediente relativo a la convalidación de facturas de ‘medios’ hasta que se aclarara el proceso judicial que sobre cuestiones análogas o relacionadas versa’. Y así se hizo. Pero tres días después, despreciando y desautorizando a sus compañeros, Martínez aprueba el gasto de 40.000 euros con un decreto de convalidación de facturas. Es una maniobra al más puro estilo agustiniano para poder aumentar el gasto en marketing”.
“Hablamos de gastos en medios escritos y audiovisuales, desde marzo a diciembre de 2014, que se salen de la cantidad prevista para 2014 en marketing. Pero la alcaldesa se atreve incluso a desafiar a la Justicia, repitiendo el patrón de su primera imputación. Y además, nos intenta vender la burra de que en 2015 tendremos el presupuesto más social de la historia, cuando ya denunciamos que esta misma partida se ampliaba en 2015 en 120.00 euros más”.
Por todo ello, “Fiscalía tiene que poner luz en todas estas dudas y ser quién decida si una administración puede hacer un gasto que los informes municipales dicen que no se haga, y tiene que decir de quién es la responsabilidad en caso de que esta acción no sea correcta, con las consecuencias legales pertinentes”, concluye Juanma Ramón.
