Una ley para revertir “los pasos en dirección contraria”: así es el plan del Consell para luchar contra el cambio climático
El borrador de ley marca la energía, el territorio, la movilidad y la fiscalidad verde, como las principales líneas de actuación
Es uno de los objetivos marcados por el Botànic II para esta legislatura. La lucha contra el cambio climático tendrá su propia ley y contará con diferentes mecanismos que permitirán a la Comunitat Valenciana revertir “los pasos en dirección contraria”. Una ley que ya tiene su primer borrador y que será debatido en las Cortes Valencianas en las próximas semanas.
Las líneas generales contempladas en esta nueva normativa, “compleja y extensa”, han sido presentadas este martes por la consellera de Agricultura, Desarrollo Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, quien la ha anunciado como “una de las políticas centrales de esta legislatura".
El borrador llega apenas nueve meses después de que el Consell aprobara la Declaración de Emergencia Climática el pasado mes de septiembre. Un tiempo, ha recordado la consellera, que podría que podría haberse reducido a solo seis meses si la emergencia sanitaria de la COVID-19 no hubiera interrumpido la fecha prevista para la presentación de esta ley el pasado 12 de marzo.
Ahora, con la pandemia relativamente estabilizada, el gobierno valenciano presenta su propuesta para luchar contra el cambio climático apelando a la necesidad de contar con la ciencia y la conciencia común para ganarla. Entre las líneas sobre las que se trabajará la nueva norma destacan cuatro: la energía, la movilidad, el territorio y la fiscalidad verde.
"Tenemos que replantearnos la relación con el mundo que nos rodea. Tenemos que hacer un ejercicio mayor de reducción y de contención. Esfuerzos de toda la sociedad valenciana tanto a nivel individual como colectivo", ha puesto de manifiesto Mollà.
Primeros planteamientos
El borrador presentado este martes contempla, como decimos, fundamentalmente cuatro líneas de actuación. Todas ellas realizan un primeros planteamientos que pasan, por ejemplo, por potenciar las herramientas para la lucha contra el cambio climático, apostar por la gobernanza multinivel, reducir las emisiones o la materialización de las energías renovables.
Más concretamente en materia energética el Consell aspira a lograr que los porcentajes de origen renovable de la energía sea del 42% para el año 2030 y lograr mejorar la eficiencia energética en un 35,4%, casi tres puntos por encima de la situación actual.
Además, en esta lucha por democratizar la energía limpia se contará con un Plan Director de Energías Renovables dentro del cual se incluyen medidas para flexibilizar y favorecer la creación de Comunidades Energéticas Locales. "La Valenciana es la primera Comunidad Autónoma que regulará por ley esta figura de participación local en instalaciones de energía renovable" ha destacado la consellera.
Por otro lado, la norma recoge la obligatoriedad según la cual los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana deberán de reservar un área de suelo a la generación de energías renovables. Una medida que tiene como fin último dotar de “autosuficiencia energética” los proyectos de desarrollo urbanístico.
En referencia a las actuaciones de territorio, la propuesta de ley alude al establecimiento de zonas de desarrollo prioritario, en colaboración con los ayuntamientos, o al derecho de superficie, dos mecanismos dedicados a simplificar la implantación de proyectos promovidos por cooperativas, comunidades energéticas locales o incluso corporaciones locales.
La movilidad, un punto clave
La consellera ha hecho especial hincapié en la importancia de re-educar algunos comportamientos de la sociedad de cara a luchar contra el cambio climático, entre ellos los referentes a la movilidad. Y es que, según los datos facilitados, el transporte es el responsable del 44% de las emisiones de la Comunitat Valenciana.
Es por ello que el Consell creará una red pública de puntos de recarga con la que se garantice el suministro a los usuarios de medios de transporte eléctricos, además en el momento de renovar los vehículos de la administración deberán de ser libres de emisiones y las matriculaciones que se lleven a cabo a partir de 2023 de vehículos contaminantes tendrán un impuesto extra que pagar.
Finalmente, la ley contempla que los aparcamientos deban de contar con espacios reservados para coches libres de emisiones y puntos de carga. El número de plazas reservadas dependerá de la capacidad que tenga el garaje en cuestión.