La subdelegada firma junto a los sindicatos el Protocolo de Actuación en caso de agresiones a empleados públicos de la AGE en la provincia
La subdelegada destaca que es una herramienta eficaz para prevenir cualquier tipo de agresión y para que, en caso de que se produzca, la persona afectada sepa qué hacer y a quién acudir
La información se centralizará en la Secretaría General de la Subdelegación que anualmente elaborará una estadística de todas las agresiones sufridas por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones
Las agresiones sufridas por un empleado público en el desempeño de su trabajo deberán ser consideradas como accidente laboral
Llinares ha agradecido la implicación de los sindicatos y ha destacado que “es un paso que damos para establecer un marco común de protección para las empleadas y empleados públicos de la Administración General de Estado ante eventualidades situaciones de riesgo, agresión o violencia física o verbal que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones”
Con este protocolo “se pretende normalizar el procedimiento de actuación en la Administración General del Estado, en caso de agresión a un empleado público”
Por ello, “es una herramienta eficaz para prevenir cualquier agresión y sobre todo, para que en el caso de que se produzca, la persona afectada sepa qué hacer y a quién acudir”
Además “permitirá identificar los peligros, determinar qué puestos de trabajo son los más expuestos y poner en marcha los mecanismos para prevenir”
Establece una serie de pasos:
1. Informe del Responsable del centro donde se haya producido la agresión a la Dirección del Organismo correspondiente. El informe se elaborará en las siguientes 24 horas, inmediatamente posteriores a la agresión, por escrito y recogerá la descripción de los hechos junto a cualquier dato que pueda completar la información sobre los mismos
2. Informe de la Dirección del Organismo. Que remitirá a la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno, en un plazo máximo de dos días desde que se produjo la agresión
3. Actuación de la Secretaría General que valorará el informe recibido y recabará del funcionario agredido la conformidad para remitir, en su caso, a la Fiscalía la petición de actuación de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal que establece como delito las agresiones contra los funcionarios públicos. La conformidad del funcionario será formulada por escrito
4. Estadística. Anualmente, la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno en Alicante elaborará una estadística de todas las agresiones sufridas por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Dicho informe se remitirá a la Junta de Personal de los Servicios Periféricos de la AGE en Alicante y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Desde la óptica de la prevención de riesgos laborales, las agresiones sufridas por un empleado público en el desempeño de su trabajo deberán ser consideradas como accidente laboral y deben ser notificadas de forma inmediata a la Unidad o Sección de Personal y al Servicio de Prevención correspondiente. Éste procederá a la investigación del accidente con el fin de poder recomendar aquellas medidas correctoras que pudieran aplicarse para evitar nuevas situaciones similares
La subdelegada ha añadido que “este protocolo que hoy firmamos se complementa con la firma, hoy mismo, de la resolución y de la instrucción sobre la aplicación de medidas preventivas frente a la violencia en el trabajo”. “Es la remisión para su cumplimiento por los distintos responsables de los diferentes centros de trabajo y organismos de la AGE del protocolo que hoy firmamos”, ha concluido
