PSOE: “La ley de la eutanasia da respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas de la sociedad en relación con el final de la vida”

La diputada socialista en el Congreso por la Alicante, Yolanda Seva, y la secretaria de sanidad de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE, Rosa Louis Cereceda, han comparecido en rueda de prensa con el objetivo de desarrollar los aspectos de la tramitación de la ley de eutanasia que esta semana se ha iniciado en el Congreso de los Diputados.

La diputada Yolanda Seva ha señalado que desde el PSOE se lleva trabajando en esta ley desde el año 2015, incluido en su programa electoral, y sobre el debate del pasado martes ha señalado que el mismo “fue intenso, y defendimos un discurso basado en el avance de derechos sociales de la ciudadanía, como siempre hemos hecho. Esta ley consolida derechos y libertades y que tiene un apoyo mayoritario entre la sociedad”. De hecho, el CIS -Centro de Investigaciones Sociológicas- aprecia que en la sociedad española más del 70% están a favor de su regulación, es decir, 7 de cada 10 personas.

En ese sentido, Seva ha insistido en que “defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral, a juicio de la persona que sufre”.  Es, por lo tanto, “una ley necesaria -añade la diputada socialista- porque más allá de comprometer principios y valores constitucionales, la dignidad humana o la libertad, afecta a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como el derecho a la vida y la integridad física y moral, la libertad ideológica, la libertad de conciencia y el derecho a la intimidad”.

Del mismo modo, la diputada socialista ha querido dejar claro que la ley establece unos condicionantes muy claros para que el proceso se haga con el máximo de garantías. Que esté causado por situaciones determinadas, como sufrir una enfermedad crónica, grave o invalidante y sufrimiento físico o psíquico intolerable; que la persona cuente con mayoría de edad y plena capacidad de obrar para solicitar la ayuda para morir, por tanto, no incluye menores, ni personas sin capacidad de decisión.

Además, la solicitud de ayuda para morir debe ser registrada en dos ocasiones, con al menos 15 días de intervalo entre ambas y no se permite la presentación de la solicitud por otra persona. Así, Seva ha insistido en que la ley propuesta tiene como uno de los principios básicos la “revocabilidad en cualquier momento”, así como exigencia de testigo profesional sanitario y la existencia de una Comisión de Control y Evaluación pluridisciplinar autonómica que ha de controlar el proceso.

Seva, ha valorado la posición activa del PSOE en las leyes de carácter social, como la que en su momento fue la Ley de Matrimonio Homosexual, derechos LGTBI, y otras leyes que “en este país siempre han venido de proposiciones del PSOE”.

ROSA LOUIS CERECEDA: “ESTA LEY NO OBLIGA NI A PROFESIONALES NI A PACIENTES”

Rosa Louis Cereceda, responsable de sanidad de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE, ha afirmado que esta ley “amplia derechos, no obliga nada a nadie, ni a profesionales ni a pacientes, simplemente nos permite que, en un momento dado de nuestra vida, ante una enfermedad irreversible, crónica, grave, invalidante que nos produce un sufrimiento que nos resulta intolerable, tengamos el derecho de terminar con él”.

Así, Cereceda recuerda que esta ley “es muy garantista y totalmente revocable” y la considera complementaria a la ley de derechos y garantías al final de la vida, que se promulgó en la Comunitat Valeciana en 2018 -una de las primeras del Estado- y que garantiza a la persona llegar al final de su vida con cuidados paliativos.

En ese sentido, a la responsable de sanidad del PSPV-PSOE en la provincia  de Alicante, le resulta “chocante” que el diputado José Juan Zaplana, del PP, “hable ahora de cuidados paliativos cuando en 2018 el del PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra de la aprobación de esta ley” que lo que hace es garantizar a la persona el derecho al acceso de cuidados paliativos y obligaba a las instituciones sanitarias a que diéramos una serie de cuidados al final de la vida y también apoyaba jurídicamente a los profesionales sanitarios implicados en el proceso.

También ha querido resaltar que aquellos profesionales sanitarios que opinen que no quieren ejercer este derecho, está perfectamente recogido que tengan derecho a la objeción de conciencia.