El PSOE del Baix Vinalopó insta a Bonig a que atienda las recomendaciones de la Síndica en funciones
Mª Luisa Caballero: “En nuestra comarca la deuda asciende a 18 millones de euros, que deben a familias que compraron sus viviendas contando con estas ayudas y que ahora no pueden hacer frente a los pagos de su hipoteca”
El PSOE Comarcal del Baix Vinalopó insta a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a que “deje de mirar para otro lado y abone de manera inmediata las ayudas otorgadas en materia de acceso al derecho de vivienda, y que en nuestra comarca ascienden a 18 millones de euros. Boning debe romper su silencio y atender las recomendaciones de la Síndica en funciones, Emilia Caballero, que ha dicho claramente que dicha Consellería “asuma las recomendaciones efectuadas por la Defensora del Pueblo y, en consecuencia, proceda sin más dilaciones, al abono de estas ayudas”.
La Portavoz del PSOE Comarcal ha recordado que “los datos más sangrantes están precisamente en Elche, donde están pendientes de pagar las ayudas aprobadas y concedidas a 1.262 propietarios de viviendas. Esto supone una deuda de más de 14 millones de euros. Más del 42% de las ayudas concedidas no se han abonado. Con estos datos, Elche es el segundo municipio de toda la Comunidad Valenciana, donde se concentra la mayor parte de la deuda por el Cheque-Vivienda, por detrás de Valencia; En Crevillent hay aprobadas 519 ayudas para el Cheque Vivienda y que están pendientes de pago 275, con lo que se adeuda 2.791.725 euros, el 53 %; de ayudas por alquiler queda pendiente de pago una por valor de 3.072. En Santa Pola, de 192 ayudas concedidas por el Cheque Vivienda quedan pendientes de pago 88, lo que supone una deuda de 884.571 euros y de ayudas para el alquiler quedan pendientes de pago 22 lo que supone una deuda de 50.725,70 euros”.
Mª Luisa Caballero ha hecho un llamamiento a la Consellera Boning para “que escuche a los afectados que compraron sus viviendas protegidas contando con unas ayudas que iban a percibir, y ahora se encuentran con que además de no disponer de dichas ayudas, siguen sujetos a las restricciones propias de la vivienda pública (imposibilidad de vender, alquilar en los 10 primeros años, etc…, por lo que como ellos mismos han manifestado se encuentran “entre la espada y la pared, atrapados en una estafa VPO”.
