El nuevo gobierno del Poble Nou de Benitatxell detecta que "se ha incumplido sistemáticamente la ley de contratos del sector público"

El nuevo equipo de gobierno del Poble Nou de Benitatxell ha detectado prácticas de contratación en el Ayuntamiento que no se ajustan a la ley de Contratos del Sector Público (tanto el vigente como el anterior), normativa que se está incumpliendo de forma sistemática. El alcalde, Miguel Ángel García, se ha mostrado muy preocupado por la inseguridad jurídica que supone para el consistorio y los profesionales y empresas externas contratadas, la existencia de procedimientos de contratación desfasados, e incluso inexistentes, y que se llevan a cabo sin garantías. "No exagero si digo que los contratos de prestación de servicios han sido prácticamente inexistentes dentro de un proceso de contratación público caótico e ilegal. El Ayuntamiento no se ha puesto al día respecto a las nuevas normativas. Es urgente poner orden en los expedientes de contratación que están en situación de fraude de ley", ha explicado el munícipe.

El gobierno local ha actuado con rapidez. El alcalde ya ha puesto en manos de un equipo jurídico el asesoramiento en materia de contratación pública. Los expertos van a revisar la realidad existente para adecuarla a la normativa correspondiente. Elaborarán un plan municipal en materia de contratación que permitirá al Ayuntamiento adaptarse a la Ley de Contratos del Sector Público y cumplir las normativas estatales y las directivas europeas.

"Es alucinante e inconcebible que en una institución pública como el Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell se esté dando esta alarmante situación de ilegalidad. El caso es de tal magnitud que deja en evidencia a todas luces una irresponsabilidad política inaceptable. El Consistorio debe ser ejemplar y cumplir a rajatabla todas las normativas. El anterior equipo de gobierno no solo creó esta situación irregular sino que la alentó con nuevos contratos que tampoco se atenían a la ley. Poner orden en la contratación es ahora nuestra obligación y evitará a este pueblo posibles sanciones y contenciosos", ha añadido García, quien no descarta valorar la responsabilidad política y administrativa que pueda derivarse.