Dos nuevas condenas por intrusismo profesional en la Podología en la provincia de Alicante
Una ciudadana británica de Alfaz del Pi ha sido condenada a 6 meses de prisión y una vecina de Novelda al pago de 12 meses de multa, al tratar afecciones de los pies como durezas o callosidades sin disponer del correspondiente título universitario.
El Juzgado de lo Penal nº3 y nº6 de Alicante han condenado por intrusismo profesional en la Podología en la Comunidad Valenciana a una ciudadana británica de Alfaz del Pi y otra vecina de Novelda por ejercer tareas propias de esta rama sanitaria sin disponer del título de grado universitario que se requiere para realizar esta profesión.
En el caso de la británica G.T. la pena ha sido de seis meses de prisión por prestar servicios de esta índole, desde abril de 2017 a enero de 2021 aproximadamente, en un centro de Alfaz del Pi. Su actividad consistía en diagnosticar por infección por hongos, uñas encamadas y callosidades tratadas con bisturí, entre otras, así como establecer planes terapéuticos, cuando carecía de la cualificación y titulación necesaria para ello. Además, publicitaba la prestación de tales servicios, que únicamente puede realizar un podólogo, tanto en su propia web como en las redes sociales.
Por otro lado, a A.D. se le ha impuesto una pena de doce meses de multa. Ésta fue contratada por el Ayuntamiento de Novelda para realizar servicios de manicura y pedicura en el centro de la Tercera de Edad de este municipio. Sin embargo, a sus funciones propias sumó las correspondientes al podólogo como son el tratamiento de durezas, uñas encarnadas, callosidades o helomas tratados con bisturí, sin poseer el correspondiente título que le habitara para su desempeño.
El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha mostrado su satisfacción por estas condenas que contribuyen a la protección de los derechos de todos los ciudadanos y de los profesionales del sector de la Podología en la Comunidad Valenciana.
“Continuamos trabajando en nuestro propósito por defender el derecho de los ciudadanos a recibir una atención sanitaria de calidad y, en el caso de los pies, significa garantizar que la salud de los miembros inferiores está siendo tratada por el especialista correspondiente que es el podólogo. En caso contrario, podemos poner en peligro nuestra salud, pudiendo empeorar el cuadro del paciente”, ha asegurado Pilar Nieto, presidenta del ICOPCV.
“Sólo en 2022 ya llevamos 6 condenas por intrusismo profesional en la Podología y vamos a continuar haciéndolo con el objetivo de erradicar esta práctica que afecta negativamente tanto a los pacientes como a los podólogos”, ha continuado Maite García, vicepresidenta del ICOPCV.
Desde el Colegio de Podólogos se ha destacado para que las personas que lo necesiten puedan cerciorarse de que se pone en manos de un profesional cualificado es imprescindible comprobar que éste dispone de número de colegiado.