Martínez Dalmau y el alcalde de Ondara firman un convenio para la cesión al Ayuntamiento del derecho de tanteo para la compra de vivienda

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y el alcalde de Ondara, José Ramiro, han firmado un convenio para la cesión de derecho de tanteo y retracto al consistorio para que pueda adquirir viviendas con destino a cubrir las necesidades habitacionales del municipio.

Martínez Dalmau ha asegurado que de esta forma, se pone en marcha en Ondara una nueva herramienta muy importante para conseguir que "viviendas que habitualmente acabarían en manos de fondos buitres acaben en manos de los ayuntamientos. Una herramienta que está demostrando su efectividad y utilidad y de hecho ya nos ha permitido adquirir 245 casas en los últimos meses. Son viviendas que se venden a precios muy asequibles, y que la Generalitat paga al vendedor el mismo precio por el que iban a ser vendidas a un fondo buitre o una entidad financiera".

También ha indicado que con la cesión del derecho a los ayuntamientos, además, "conseguimos una mayor proximidad y eficacia en los servicios que se prestan en materia de vivienda ya que son los ayuntamientos donde acuden las personas cuando tienen una necesidad o un problema".

Las viviendas adquiridas por el Ayuntamiento se calificarán como de protección oficial con carácter permanente, por lo que se incorporarán al parque público municipal y se destinarán en alquiler social a las personas, familias o colectivos con escasos recursos sociales o en situación de vulnerabilidad.

Ondara, quinto municipio en suscribir el convenio

El convenio con los ayuntamientos es el resultado del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Con él, la Generalitat puede ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto, algo que podrá ejercer directamente o a través de un ente público en el que delegue las competencias de vivienda.

Este mecanismo permite agilizar las tramitaciones relativas a las adjudicaciones de los inmuebles. Al ser los servicios sociales municipales los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan una vivienda de manera urgente, el ayuntamiento puede actuar de manera directa ofreciendo una alternativa inmediata a esas personas.

Ondara es el cuarto ayuntamiento alicantino en suscribir el convenio, tras los San Joan de Alacant, Sant Vicent del Raspeig y Elda y, en la provincia de Valencia, el de Alboraia.

El convenio, que se ha firmado por medios electrónicos, tiene una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse. Una comisión mixta supervisará y controlará el cumplimiento del mismo.