EUPV denuncia “el intento del PP de crear un puesto de funcionario estatal nombrado a dedo”
La diputada de EUPV en la Diputación de Alicante, Raquel Pérez, ha puesto hoy en evidencia "el intento fallido del PP en realizar una designación a dedo de un funcionario de carácter nacional" que el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública ha denegado por su carácter "injustificable" de libre designación. Según ha explicado la portavoz del grupo provincial, la creación de una plaza de vice-interventor fue aprobada en diciembre exclusivamente por los diputados del PP y el tránsfuga Fernando Sepulcre.
Tras ello el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, recurrió esta decisión alegando sobre el mecanismo de provisión de esta plaza mediante libre designación y, una vez más, fue rehusado este recurso por pleno con los votos de los populares y el tránsfuga. No obstante, "ahora es el propio Ministerio el que rechaza la creación de este puesto", ha señalado.
Raquel Pérez asegura que esta estrategia "corresponde a un posible encaje directo y en paralelo al actual organigrama funcionarial, en un intento fallido de recolocar a sus supuestos afines, aunque esta vez les ha salido mal". Para la dirigente de izquierdas, "la libre concurrencia a un puesto de trabajo público es un derecho que el PP parece que quiere vulnerar con esta actitud y seguramente recurrirá al Ministerio".
Asimismo, la diputada alicantina ha explicado que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha denegado la autorización para la creación del puesto de trabajo de vice-intervención de la Diputación de Alicante por el sistema de libre designación en base a que no se han presentado una relación de funciones concretas y específicas a desarrollar por el titular del puesto.
Es decir, -según indica el propio Ministerio- "tan sólo se ha limitado a referirse a unas actuaciones de control financiero delegadas por la actual interventora que no son otras que las recogidas en la propia Ley a los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional y con subescala similar", advierte Pérez. Igualmente, cabe destacar que tampoco admite la administración estatal la justificación que da respecto a las futuribles sustituciones del interventor general al señalar que "las funciones que en esos casos desempeñara el adjunto a la intervención no son las propias de su puesto de trabajo sino fruto de circunstancias excepcionales cuya forma de remuneración viene prevista en la legislación vigente y nada tiene que ver con la forma de provisión del puesto en cuestión".
Por tanto, "concluyen que no existen requisitos suficientes para la creación de este puesto de trabajo bajo libre designación y la necesidad debería realizarse mediante el procedimiento habitual de concurso entre funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional", ha afirmado la diputada, quien ha mostrado su satisfacción porque, finalmente, los populares no hayan podido realizar una contratación que, a todas luces, presentaba innumerables irregularidades".
