Elche se prepara para una gran manifestación: convocan a la ciudadanía a rodear el hospital con una cadena humana
El sábado 18 de mayo a las 10 h saldrán desde Las Chimeneas hasta el Hospital Vinalopó para exigir la gestión pública del único departamento de salud privatizado
La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó ha convocado a la ciudadanía de Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes, a manifestarse el próximo 18 de mayo para exigir la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud Elche/Elx-Crevillent.
La manifestación está convocada a las 10 h en la plaza de Las Chimeneas y discurrirá por la Avenida de la Libertad, Avenida Alcalde Ramón Pastor y calle Tonico Sansano Mora hasta llegar al Hospital Vinalopó, donde está previsto rodear el centro hospitalario mediante una cadena humana.
Esta acción se suma a todas las reivindicaciones que lleva a cabo la plataforma desde su creación hace unos meses para exigir al Gobierno valenciano que asuma la gestión pública de la sanidad de esta parte de la población a partir del año que viene, que es cuando acaba el contrato entre la empresa concesionaria, Ribera Salud y la Generalitat Valenciana.
“No entendemos por qué de los veinticuatro departamentos de salud de la Comunitat Valenciana, solamente el nuestro se queda en manos de una empresa privada”, ha asegurado Paqui Ortiz Bustos, integrante de la plataforma y representante del movimiento vecinal del barrio ilicitano del Toscar, población que padece las consecuencias de este modelo de gestión privatizada.
“Teníamos cinco departamentos de salud con este tipo de gestión privatizada de la sanidad, la Generalitat Valenciana ha asumido la gestión pública de todos ellos excepto del nuestro. No lo entendemos y no compartimos que se quede una isla de la población con este modelo de gestión privada lo que nos convierte en ciudadanía de segunda frente a las personas que disfrutan de una sanidad cien por cien pública”, ha manifestado Ortiz.
Sin informes que avalen la prórroga
En los mismos términos se ha expresado Agripa Hervás, integrante de la plataforma y vecino de Aspe quien ha señalado que “Elche es la única ciudad del estado español donde la mitad de la población recibe una clase de atención sanitaria distinta a la del resto de ciudadanía en función de su código postal”.
Para Hervás, usuario del Vinalopó y que arrastra una serie de experiencias desastrosas como paciente, del mismo modo que las personas que integran la plataforma, “la postura del Gobierno valenciano es incomprensible y avalan llevar a cabo una prórroga del contrato a la empresa concesionaria con unos supuestos informes y/o auditorías que hemos pedido como plataforma y no nos los hacen llegar, seguramente porque no existen”.
La plataforma ha animado a la ciudadanía a participar de la manifestación del día 18 en Elche, tanto a los usuarios de este departamento de salud como a aquellos que no lo son, para hacer cambiar de postura al Gobierno valenciano y que corrija esta desigualdad de trato. Así lo han comunicado hoy en una rueda de prensa, momento en el cual han realizado una performance en la pasarela peatonal que cruza el río para escenificar la división injusta de modelo sanitario que padecen los vecinos y vecinas de este departamento de salud.
La plataforma ha vuelto a recordar los motivos por los que reivindican la reversión e insisten en las demoras de más de un mes en atención primaria, los constantes cambios de facultativos debido a la rotación de personal -porque cuando pueden marchan a la pública buscando mejores condiciones laborales-, la incompatibilidad del sistema informático de Ribera Salud con la red pública de salud valenciana que hace imposible acceder al historial médico de los pacientes, la falta de especialistas, las demoras de hasta un año en las citas para una especialidad, los recortes en las plantillas y la situación de saturación que sufren los profesionales, entre otras cuestiones.
La plataforma también ha vuelto a poner en duda la legalidad de la posible prórroga del contrato al entender que jurídicamente no está claro que se pueda llevar a cabo dado que la inversión de la empresa ya está amortizada tras los quince años de contrato.