La Diputación denuncia el recorte del Gobierno al trasvase Tajo-Segura con la oposición del PSOE y Compromís

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado esta mañana una moción suscrita por los grupos Popular y Ciudadanos en la que vuelven a rechazar el incremento de los caudales ecológicos del Tajo por sus efectos negativos sobre el trasvase Tajo-Segura, una propuesta que no ha contado, sin embargo, con el respaldo de los grupos de la oposición -PSOE y Compromís-, que han votado en contra.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ha recordado que este incremento recogido en la Planificación del Tajo para los años 2022-2027 no cuenta con ningún aval técnico y científico y ha acusado al president de la Generalitat, Ximo Puig, de presentar ante la opinión pública un acuerdo “que desconocemos y que se ha demostrado que es un gran engaño”.

“El señor Puig ha utilizado la técnica del engaño y el amedrantamiento con los agricultores y regantes, a los que inicialmente se les ha metido mucho miedo amenazándoles con incrementar el caudal ecológico hasta 9 m3/s para dejarlo finalmente en 7. Es como decirles que les van a cortar el cuello y finalmente cortarles solo las piernas”, ha ilustrado gráficamente Mazón.

El dirigente alicantino ha insistido en que Puig “nos ha querido engañar a todos con un acuerdo que tampoco se encomienda a ningún informe técnico o científico que lo justifique”, al tiempo que ha denunciado la “falta de influencia” del president de la Generalitat ante el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Los intereses de la provincia de Alicante los han defendido las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que votaron no al nuevo Plan del Tajo en el Consejo Nacional del Agua, y no el señor Puig que demuestra su nula voluntad de diálogo cuando califica la reunión mantenida con el presidente de Murcia de aquelarre. ¿Esa es la voluntad de diálogo del president?”, se ha preguntado el presidente de la Diputación.

Mazón ha criticado también la actitud de Compromís “que no tiene ningún interés por el tema del agua y no sabe ni qué opinar sobre el trasvase”.

La moción, que ha sido defendida por la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, solicita a la Generalitat que haga público el texto del citado ‘pacto’ alcanzado con el Gobierno de España y le pide al Consell que explique en Les Corts las razones que le han llevado a abstenerse en la votación del Consejo Nacional del Agua.

Desde los grupos de la oposición, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha solicitado incorporar una enmienda in voce -que ha sido rechazada- para que en el texto se incluyera una petición expresa para que en la Comunidad de Madrid se depuren las aguas residuales, cuestión que ha vinculado directamente con la decisión de aumentar los caudales ecológicos.

Por su parte, el diputado socialista Joaquín Hernández ha pedido, también sin éxito, que la moción se dejara sobre la mesa y ha acusado al PP de “usar el agua para enfrentar”. Asimismo, ha defendido la posición del president de la Generalitat y ha insistido en que “lo importante es buscar una solución para los regantes, y si el Ministerio de Transición ecológica no hace nada, lo haremos nosotros desde el diálogo y, si hace falta, ante los tribunales”.

Durante el pleno ordinario del mes de diciembre también han salido adelante dos mociones presentadas por el equipo de gobierno, votadas en contra por la oposición, en la que instan al Ejecutivo central, por un lado, a revertir la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del ‘sí es sí’, y a la no revisión del delito de sedición.

Sobre este último asunto, el diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez, ha apelado a la responsabilidad del grupo socialista para solicitar al Gobierno de España que renuncie a modificar el Código Penal para la supresión de los delitos de sedición y malversación de fondos públicos sin contar con al menos el apoyo de dos tercios de los miembros de las Cortes Generales. En nombre del equipo de Gobierno, Gutiérrez ha alertado de que, “de prosperar estas iniciativas que ni un 20% de los españoles respaldan, no solo sacan de la cárcel a los sediciosos catalanes, también los responsables del fraude de los ERE en Andalucía”.

El diputado provincial ha defendido la unidad nacional y ha manifestado que “nuestro país no puede estar sometido permanentemente al chantaje de partidos nacionalistas”. Entre sus argumentos, ha apelado al principio de legalidad y ha asegurado que “no hay razón que justifique un tratamiento especial a quien se salta la ley a la torera y pone en serio peligro la estabilidad de esta democracia”.

Gutiérrez ha recordado la unidad alcanzada entre los principales grupos políticos del país “para parar, juzgar y sentenciar los hechos ocurridos en Cataluña en 2017, una unidad que está siendo hoy sustituida por un mercadeo humillante en el que se intercambian votos por privilegios para aquellos cuyo objetivo es la destrucción de la nación”.

El diputado ha pedido respeto a la Constitución al Gobierno central, al que acusa de “traspasar las líneas rojas del Estado de derecho hasta tal punto que las autoridades europeas empiezan a mostrarse preocupadas”. El titular de Infraestructuras ha incidido, además, en la preocupación de algunos barones socialistas “entre los cuales no se encuentra Ximo Puig, que está especialmente feliz con la iniciativa que va a dejar impunes delitos gravísimos contra el Estado”. Respecto a Compromís, ha admitido que “no nos sorprende que quienes no celebran la Constitución no se alarmen por la deriva en la que estamos entrando”.

En el apartado de mociones, también han salido adelante, en este caso por unanimidad, sendos textos presentados por el Grupo Socialista para impulsar la digitalización de las entidades locales y apoyar el proyecto piloto “Construir Europa con las autoridades locales”.

Asimismo, también se ha aprobado, con el apoyo del Grupo Socialista y la abstención del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la propuesta presentada por Compromís para acabar con la brecha digital de los estudiantes de la provincia.