La Diputación de Alicante inicia el traspaso de competencias impropias a la Generalitat con la subrogación del servicio de teleasistencia
El traspaso, que tendrá efectos a partir del 1 de noviembre, permitirá a la institución provincial liberar más de un millón de euros anuales para destinarlos a los servicios sociales de los municipios más pequeños
La Junta de Gobierno de la Diputación de Alicante ha aprobado esta mañana la subrogación a la Generalitat Valenciana del contrato del servicio de teleasistencia que actualmente ofrece la institución provincial y los ayuntamientos de Alicante y Elche a través de Cruz Roja.
Se trata, tal y como ha destacado la diputada de Servicios Sociales, Mª Carmen Jover, del primer paso en el traspaso de competencias impropias que en materia social presta la Diputación de Alicante con un coste anual que supera los 25 millones de euros.
“Hoy es un día muy importante porque arranca un proceso con el que se da cumplimiento a una reivindicación histórica y totalmente justa de la Diputación de Alicante”, ha destacado Jover, quien se ha mostrado confiada en que desde la Generalitat “se mantenga en el tiempo la voluntad demostrada hasta ahora por la Conselleria que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra y se vayan asumiendo progresivamente el resto de competencias impropias que la institución alicantina tiene asumidas con los servicios que presta tanto en el Hogar Provincial como en el centro de salud mental Doctor Esquerdo”.
La subrogación del contrato tendrá efectos a partir del 1 de noviembre y con él se da cumplimiento al decreto del Consell para la coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales y a la Declaración Institucional de Colaboración para ordenar el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos suscrito por Diputación y Generalitat
El traspaso de la teleasistencia permitirá a la Diputación liberar en torno a un millón de euros anuales para destinarlos a la financiación de los equipos base de los servicios sociales de atención a primaria a los municipios de menos de 10.000 habitantes, tal y como recoge el acuerdo suscrito en su día por el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra.
