Las detenciones y registros de la Operación ‘Brugal’ desencadenan una ola de confusión política

El caos político en el que se sumerge la provincia de Alicante va en aumento después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) y el Ministerio del Interior junto con la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Policía, pelearan ayer por aclarar la “legalidad” de las detenciones del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el resto de los diez detenidos. En medio de la confusión que rodea la trama, PP y PSOE también echan leña al fuego con un cruce de acusaciones a dos bandas.

Después de que Ripoll y el resto de imputados fueran detenidos el pasado martes durante doce horas y posteriormente quedaran en libertad, el TSJV emitió dos comunicados en los que se aclaraba que "no existía resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, con la que se hubiera ordenado detención de persona alguna". El organismo de justicia además, reiteró la inexistencia de citaciones judiciales en ambos comunicados, sin embargo, en la segunda nota enviada especificó que “la Policía podía practicar una detención en cualquier momento si en el transcurso de una investigación fuera necesario". Estas últimas palabras, fueron secundadas por el Ministerio de Interior y otras entidades como la Fiscalía Anticorrupción, la Dirección General del Estado y la Dirección General de la Policía. En concreto, el auto por el que se han ejecutado los 19 registros realizados hasta la fecha declara que “para facilitar la operación se permite a los agentes proceder a la detención policial de los implicados en la operación y su posterior traslado hasta el lugar donde se realicen los registros”.

Ahora, el Partido Popular salta al escenario abierto por el nuevo escándalo de corrupción en la Comunidad Valenciana y acusa al Gobierno de ordenar la detención de José Joaquín Ripoll sin tener una orden judicial. El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló ayer en una rueda de prensa extraordinaria, que la Policía había “mentido” y había “suplantado al juez”, y que todo se trataba de una operación política dirigida por Alfredo Pérez Rubalcaba para “distraer la atención ante el próximo debate del estado de la nación”.

Así pues, el enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la situación del caso ‘Brugal’ no hace más que generar un marco de confusión política, que desvía la atención de los ciudadanos sobre la verdadera cuestión de la trama.