Cotino: “Los trasvases hídricos constituyen el eje clave para la prosperidad de Alicante”
El Vicepresidente ha asegurado que “para el progreso de la provincia es necesario tener suficiente agua y de calidad”.
Cotino ha asegurado que es necesario un cambio en el Gobierno Central para que se defiendan los verdaderos intereses alicantinos.
Se ha presentado un estudio en el que se recoge las consecuencias que la posible derogación del Tajo-Segura tendría para la provincia.
Cotino ha asegurado que ha querido tener la primera toma de contacto con el mundo empresarial en la provincia de Alicante y ha transmitido un mensaje de continuidad del trabajo iniciado por el anterior conseller García Antón para “seguir trabajando por el bien del conjunto de la sociedad alicantina”.
“Sin duda, uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la provincia de Alicante –ha continuado el Vicepresidente- es que ésta cuente con agua suficiente y de calidad. El agua –ha significado- es el eje de la provincia y por lo tanto, los trasvases hídricos son primordiales para la supervivencia de Alicante”.
“Cualquier cosa que vaya en contra de este objetivo –ha remarcado el Vicepresidente y conseller de Medio Ambiente- va en contra de los intereses del conjunto de una provincia que históricamente ha tenido iniciativas, ha sido pionera en muchos temas y que si tuviera agua suficiente y de calidad su agricultura actual podría tener futuro en el conjunto de España, teniendo en cuenta toda la problemática del mundo agrícola”.
“La falta de agua –ha manifestado Juan Cotino- va unida a la pobreza, por ello lo que queremos es tener agua suficiente y de calidad”. “Alicante es ya la cuarta provincia de España porque, en un momento determinado, se realizó el Trasvase Tajo-Segura. Si no se hubiera ejecutado esta infraestructura, Alicante no hubiera prosperado como lo ha hecho”, ha señalado Cotino.
Según el Vicepresidente “el posible cese de este trasvase tendría unas consecuencias muy negativas para los alicantinos, así más de 180.000 familias se quedarían sin empleo. No podemos permitir que esto ocurra y es que el agua es el eje central de la agricultura, la industria y el turismo y es necesaria para que puedan seguir siendo el medio de vida de tantos alicantinos”.
“Aunque parezca impensable hay quien nos arrebata el poco agua que podíamos tener. Hemos asistido a la eliminación y derogación del trasvase del Ebro y se puede dar la situación de que nos quiten, también, la del trasvase Tajo-Segura. Lucharemos para que no se dé esta situación aunque la verdadera solución vendrá cuando haya un Gobierno central que defienda verdaderamente los intereses alicantinos”.
El cese del Tajo-Seguro costaría más de 20.000 millones de euros
En el transcurso de la rueda de prensa el Vicepresidente, junto con el presidente de la Confederación, Rafael Martínez y Joaquín Melgarejo, profesor titular de Historia e Instituciones económicas de la Universidad de Alicante han dado a conocer las conclusiones del informe que ha realizado un equipo de la Universidad de Alicante y la Fundación Agua y Progreso sobre las consecuencias que la posible derogación del trasvase Tajo-Segura tendría para la provincia de Alicante.
Entre las principales conclusiones de este estudio, que lleva por título “La responsabilidad patrimonial del Estado ante la hipotética reducción o cancelación del Trasvase Tajo-Segura”, destaca el coste que supondría para el Estado la posible derogación del trasvase Tajo-Segura y que ascendería a más de 20.000 millones de euros debido a la responsabilidad patrimonial en la que incurriría.
Si se redujera o cancelase el trasvase se produciría un grave perjuicio a 2,5 millones de consumidores, los agricultores de 198.178 hectáreas regadas por aguas llegadas por este conducto y a miles de empresas de distintos sectores que se benefician en la actualidad de estos caudales.
Esta cantidad incluye tanto las pérdidas patrimoniales que suman 9.034,01 millones para regadío y 135,40 para abastecimiento y el lucro cesante, es decir, el rendimiento que se deja de percibir como consecuencia de actos de terceros, que ascendería a 10.732,9 millones de euros en el ámbito del regadío y 1.226,8 en abastecimiento.
