El Consorcio Vega Baja pide la abstención de Diputación y Generalitat en la votación sobre los residuos
La presidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible, Teresa Belmonte, ha respondido a la petición de su revocación de la presidencia de la entidad presentada el pasado martes, por parte de representantes de distintos municipios de la comarca, ha manifestado que “es lamentable ver cómo insisten en politizar un servicio esencial y anteponer sus intereses políticos a los de los vecinos de la Vega Baja”.
Belmonte ha señalado que no va a entrar en “el juego político de los socialistas” por que su postura es la de “la voluntad de trabajar con responsabilidad y rigor para que la Vega Baja tenga el mejor proyecto para la gestión de sus residuos”, tachando el debate que han presentado de “esteril” y desmintiendo la “inacción” en la que se basan para hacerse con la presidencia de este consorcio de residuos.
La presidenta ha defendido de manera contundente “el trabajo que se hace desde el equipo técnico del consorcio, bajo mi dirección, y que por responsabilidad debo defender, contestando a las acusaciones del alcalde de Dolores y al resto de representantes del consorcio que apoyan su candidatura, o ¿es que no se leen los documentos de los asuntos que se llevan a debate y aprobación al pleno?, o ¿es que el interés que tienen en el consorcio no va más allá de montar estos numeritos mediáticos para darse visibilidad y ganar puntos en su partido?”.
Teresa Belmonte ha detallado los importantes cambios en la gobernanza y los proyectos y expedientes tramitados durante su mandato:
Inversiones:
- Construcción de la Planta de Transferencia
- Elaboración del Plan Director de Biorresiduos y su Proyecto de Gestión.
Servicios:
- Ecoparques móviles
- Educación ambiental
- Servicios de asistencia técnica a los municipios para la mejora de la recogida de las fracciones valorizables y el acceso a subvenciones para la implementación de la recogida selectiva de la basura orgánica.
Modelo de gobierno basado en la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración con los ayuntamientos.
- Comunicación con los ciudadanos más eficaz y comprensible con un nuevo diseño web más intuitivo y lleno de contenido y con la modernización de la imagen del consorcio.
- Creación de una APP para identificar los residuos y la ubicación de los contenedores de depósito en cada pueblo de la comarca.
- Creación del Consejo de Participación Ciudadana para dar voz y participación a los vecinos de la comarca. Es el segundo consorcio en toda la comunidad autónoma que tiene creado este órgano de transparencia y participación ciudadana, asegura la actual presidenta del consorcio.
En cuanto al desarrollo en la gestión, Belmonte ha detallado que “llevamos más de un año negociando con la empresa concesionaria para que el contrato, que una sentencia judicial nos obliga a poner en marcha, se ajuste a la Ley, cumpla con la condición de oferta más ventajosa y no ocasione nuevos perjuicios a la comarca, ni genere nuevos conflictos con la empresa en el medio y largo plazo. Les recuerdo que este contrato tiene una duración de 25 años y se van a tratar más de 6.250.000.000 de kg de residuos. Cada euro y cada céntimo de euro que consigamos ahorrar, es ventajoso para la comarca”.
También ha destacado que “estamos adaptando los sistemas de gestión de la basura a nuevas y mejores tecnologías disponibles, que son más eficientes y más ecológicas, en cumplimiento de las directrices europeas de obligado cumplimiento. Esto no es tarea sencilla, pues queremos la mejor solución para nuestra comarca”.
En cuanto al contrato de gestión que se ha de ejecutar ha destacado que “estamos estudiando la posibilidad de poner en marcha el contrato en fases dentro de lo que la Ley permita. Esto nos permitirá empezar a funcionar con la planta de transferencia, los ecoparques móviles y fijos, y las plantas de tratamiento de la basura orgánica para hacer compost y otras formas de valorización. Pero hemos de ser rigurosos en el cumplimiento de la Ley para evitar problemas futuros. Y en eso estamos, elaborando informes jurídicos que nos ayuden a tomar la mejor decisión”.
La presidenta ha recordado que “fruto de esas negociaciones, le hemos ahorrado a los vecinos de la Vega Baja más de 9.000.000 €, al conseguir que la empresa contratista desista de dos demandas judiciales que están relacionadas con el proyecto de gestión del consorcio”.
También ha manifestado que “hemos pedido a los ayuntamientos de la comarca que ofrezcan parcelas industriales para construir las plantas, y evitar así errores del pasado, y que sean los propios municipios quienes decidan donde tener su estación de tratamiento de residuos, bien sean ecoparques, plantas de compostaje, plantas de tratamiento de muebles y otros enseres, u otros, y permitiendo desarrollar el proyecto de gestión de forma distributiva y más ventajosa para todos”. “Si no hay cooperación de los ayuntamientos, no podremos avanzar en que nuestra comarca sea autosuficiente en la gestión de sus residos”, ha añadido.
La presidenta del consorcio ha hecho referencia “al interés que tiene el secretario general del PSOE en este asunto ya que su ayuntamiento ingresará cada año más de 240.000€ por el funcionamiento de la planta de transferencia, que según dice, ofreció por solidaridad. Una solidaridad muy bien cobrada. Este alcalde confunde solidaridad con responsabilidad.”
En cuanto a los fondos de recuperación de la Unión Europea, el consorcio acaba de presentar un proyecto por valor de 4.000.000,00€ para convertir la basura orgánica en compost cumpliendo con las directrices europeas. Esta es la primera convocatoria de Fondos de Recuperación que ha sacado la Generalitat Valenciana para la gestión de residuos en dos años. Y el consorcio ha concurrido, como no puede ser de otra forma, y lo seguirá haciendo a todas las convocatorias de subvenciones para su proyecto, tal y como ha hecho hasta ahora, según ha detallado Belmonte.
La presidenta también ha recordado el anuncio de la Generalitat Valenciana, en septiembre de 2020, de que los consorcios de la Provincia de Alicante iban a recibir 200 millones de €uros para nuevas y modernas plantas de tratamiento de la basura, y que La Vega Baja iba a recibir más de 80.000.000 € para construir sus plantas de residuos. “Algo que no ha llegado” confirma y añade que “de momento, sólo hemos recibido financiación para una planta de transferencia, entregada con 6 meses de retraso por parte de la empresa pública de la Generalitat, VAERSA, y que todavía está en trámite de licencia de apertura. Una licencia que tiene que aprobar Ayuntamiento de Dolores”.
La presidenta ha hecho hincapié en que “las licencias de esta planta las ha tramitado el Ayuntamiento de Dolores, y que a día de hoy que se encuentran en el juzgado por errores en su tramitación. Y ahora les pregunto, ¿quién ha provocado el retraso en la apertura de la planta de transferencia, el Consorcio, o la GVA y el Ayuntamiento de Dolores?”.
Durante esta jornada se está haciendo la visita de inspección con los técnicos del ayuntamiento de Dolores y los de VAERSA para comprobar si está preparada, ante lo que Belmonte ha manifestado “es toda una casualidad que precisamente hoy se haga esa inspección, después de haber solicitado la revocación de la presidencia y proponiendo como nuevo presidente al alcalde de Dolores, especialmente cuando el consorcio le ha requerido a VAERSA hasta por 3 veces agilizasen los trámites para poner en marcha la planta y que se presentase un informe jurídico sobre los juicios que afectan a las licencias de la misma. Informes que jamás se han recibido en el consorcio”.
“Ahora parece que lo que se pretende es poner en marcha la planta de transferencia a través de la empresa pública VAERSA, olvidando que existe una sentencia judicial que obliga a ejecutar un contrato con una empresa que ganó una licitación. ¿Qué piensan estos señores, que la empresa no va a reaccionar ante esta intromisión, y no va a volver a solicitar que se la indemnice por no permitirle ejecutar el contrato al que tiene derecho reconocido judicialmente? Esto es lo que estamos intentando evitar en el consorcio desde hace más de un año. Evitar que los vecinos de la comarca tengan que pagar indemnizaciones por la mala gestión de sus cargos públicos, y por ahora lo hemos conseguido. A partir de ahora, ya veremos que sucede si prospera esta maniobra política de los socialistas de la Vega Baja … pero les aseguro que estaré pendiente, pues las cientos de horas de trabajo dedicadas al consorcio, me dan un conocimiento y una visión clara de lo que es ventajoso o no para nuestra comarca”, ha declarado la alcaldesa de Bigastro.
Por lo avanzado de las negociaciones y la situación a la que se enfrenta el Consorcio Vega Baja Sostenible y a pocas semanas de finalizar algunos expedientes para la puesta en marcha del contrato, la presidenta ha pedido a la Generalitat Valenciana y a la Diputación Provincial “que mantengan la neutralidad en su participación en los Consorcios, velando por el cumplimiento de la legalidad y facilitando el impulso de los proyectos, y dejar que sea la voluntad de los municipios de la comarca quien decida el futuro de sus residuos”.
Por último, Belmonte ha indicado que “esta petición de revocación del nombramiento de la presidencia y la elección de nuevo Presidente que se motiva por la supuesta inacción del consorcio, es totalmente falsa, y sólo es una excusa para justificar su ansia de acaparar el control de la gestión de las basuras de la comarca por intereses que, aunque intuimos, desconocemos”. “No sé si prosperará esta maniobra política, pero lo que sí puedo confirmar es que esta alcaldesa seguirá trabajando con lealtad a su pueblo y a la comarca como representante de Bigastro en el Consorcio, sea o no presidenta, y me sentiré muy orgullosa de cada avance que se consiga, pues estos logros se habrán impulsado con mi trabajo y el de todos los técnicos que forman el consorcio y los de la GVA y de la Diputación, que han colaborado en las comisiones técnicas”.
Concluyendo “espero que los que lleguen, si es que llegan, trabajen con la misma lealtad y rigor por el interés general de esta comarca, pues cometer errores en estos momentos de las negociaciones con la contratista, por un ansia de poder injustificada con intereses poco claros, generará importantes perjuicios a los vecinos de los 27 municipios de la Vega Baja e hipotecará a la comarca durante 25 años”.