Compromís lleva el ‘tasazo’ del agua de Rajoy al pleno de la Diputación
El diputado provincial del Baix Vinalopó, José Manuel Penalva, registrará este jueves una moción en la Diputación de Alicante para emplazar al Gobierno de España a modificar el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 con el cual se impulsan nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura, un mecanismo inédito en los 38 años de funcionamiento de esta infraestructura y que representaría un costo anual (sin riego) de unos 120 euros por hectárea.
La moción de Compromís incluye una petición por parte de Pleno de la Diputación para que la Comisión Provincial del Agua se pronuncia contra esta injusta tasa y exija a las Confederaciones Hidrográficas y a la Administración las inversiones urgentes y necesarias para resolver a corto y medio plazo las dotaciones alternativas a través de la desalinización o desalobración, de los aprovechamientos de las aguas depuradas, de los sistemas de reserva y utilización de los aportes del Júcar al Vinalopó, así como las mejoras en modernización y racionalización de regadíos paralizadas durante años.
La prolongada sequía que se vive en gran parte de la península ibérica está causando graves problemas en los aprovechamientos de los recursos hídricos de algunos territorios y, de manera especial, en los usos agrícolas de regadío en una amplia zona que abarca el sur de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana, una buena parte de la Región de Murcia y también en el noreste de la provincia de Almería en Andalucía.
"Esta situación, que no es nueva, se está convirtiendo en angustiosa para decenas de miles de familias y para una actividad económica de gran repercusión social debido a las tardanzas de la Administración en realizar las inversiones necesarias para encontrar suficientes recursos alternativos y en aquellas dirigidas a mejorar los aprovechamientos", ha denunciado Penalva.
El político crevillentino ha calificado de injusta y de posibles efectos devastadores los nuevos precios del agua si llega a aplicarse la resolución del 13 de junio de 2017 de la Dirección General del Agua y por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017: "Es una carga injusta y arbitraria que recaería sobre los ya esquilmados recursos de los regantes".
