Compromís exige limitar los proyectos urbanísticos que no sean demandas realistas de los habitantes de un municipio
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha exigido hoy que “las diferentes administraciones limiten con condicionantes estrictos aquellos proyectos urbanísticos que no estén justificados por las demandas realistas de acceso a la vivienda por parte de los habitantes del municipio, pues no podemos tolerar una nueva oleada de agresiones a la sostenibilidad social y medioambiental de nuestro territorio”.
Mollà ha indicado que “las comarcas de Alicante han sido durando los últimos años unas de las más castigadas por el urbanismo salvaje, que ha provocado consecuencias como la eliminación y degradación de zonas con gran valor ecológico, la sobreexplotación de los recursos, graves impactos paisajísticos y acústicos o la desvertebración de las ciudades, que estaremos pagando durante años”.
En este sentido, la diputada ha señalado que “tenemos que garantizar que el futuro de nuestros municipios pase por un urbanismo de calidad, racional y respetuoso con el Medio Ambiente y con la sociedad y por eso hacen falta medidas como impedir los proyectos urbanísticos elaborados fuera del PGOU que modifiquen la planificación estructural del municipio, restringir aquellos que incorporan modelos de ocupación dispersa del territorio o crear un nuevo impuesto ambiental sobre el cambio de calificación del suelo rústico a otros de mayor valor añadido”.
“No podemos permitir que con la excusa de la demanda extranjera volvamos a basar nuestro modelo en la explotación del territorio y la burbuja inmobiliaria, que nos ha llevado a la crisis actual”, ha apuntado Mireia Mollà, que ha añadido que “en consecuencia, tenemos que garantizar desde ya que no habrá opción para el urbanismo salvaje”.
La diputada de Compromís ha destacado que “desgraciadamente hay dirigentes políticos que todavía no han entendido la importancia de la sostenibilidad, como es el caso de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que sigue obstinada en llevar adelante al precio que sea el Plan Rabassa, que incluye la construcción de 15.000 viviendas en una ciudad donde hay vacías más de 22.000 casas” y, por lo tanto, ha reclamado “que estas medidas de protección sean de carácter urgente”.
