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COCEMFE Alicante celebra la aprobación del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad

COCEMFE Alicante celebra la aprobación del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad
  • El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto que regula el nuevo procedimiento para la valoración del grado de discapacidad tras más de 20 años sin renovarse e incorporando las aportaciones de COCEMFE y su Movimiento Asociativo

  • “Se pone fin a una demanda histórica y se aprueba un nuevo baremo con criterios más democráticos, precisos y humanos” declara Antonio Ruescas, presidente de COCEMFE Alicante

La Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Alicante (COCEMFE Alicante) valora positivamente la aprobación hoy, por parte del Gobierno en el Consejo de Ministros, el real decreto que regula el nuevo procedimiento para la valoración del grado de discapacidad, un baremo que en la práctica es la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país para una persona con discapacidad.

”Desde COCEMFE Alicante recibimos con satisfacción la aprobación del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad”, declara Antonio Ruescas, presidente de COCEMFE Alicante. Su activación era de vital importancia para muchas personas con discapacidad, de las cuales muchas de ellas se quedaban fuera por convivir con enfermedades discapacitantes que no estaban recogidas, como es el caso de las enfermedades degenerativas y las relacionadas con discapacidades orgánicas”.

Este texto, que se ha construido sobre la base del diálogo territorial, establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en todo el territorio del Estado, garantizando con ello el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Además, proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de los componentes sociales y económicos que impactan en la persona, garantizando una descripción más precisa y completa del grado de discapacidad que redunda en una mayor eficiencia y transparencia.

Entre las novedades se establece un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas, como la ELA, entre otras. También se incluyen en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia.

Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados.

Como novedad, su tramitación pone en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal. Asimismo, permite que la persona pueda ir acompañada de una persona de confianza, lo que redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo.

A partir de ahora, este nuevo baremo permitirá realizar una valoración y calificación más certera de realidades que causan discapacidad como las discapacidades psicosociales, el autismo o las enfermedades raras. También dispone de una valiosa fuente de información para el estudio y observación de las realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, permitiendo la comparación entre países, disciplinas y servicios en diferentes momentos a lo largo del tiempo, y facilitando la explotación de información en otros campos de la salud.

Además, ya se está programando desde la Administración una formación especializada a todo el personal valorador en las nuevas herramientas, como otra garantía de equidad en su aplicación.

Finalmente, desde COCEMFE se ha mostrado la predisposición para seguir trabajando junto al Gobierno para atender todas las necesidades de las personas con discapacidad, así como la adopción de mecanismos de agilización que permitan tener un baremo lo más actualizado posible y el establecimiento de un sistema de reporte y seguimiento de resultados de la implantación del mismo.

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