César Sánchez: “La Ley de Mancomunidades del Consell pretende cambiar nuestra organización territorial”
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales ha presentado esta mañana, a instancias del Grupo Popular de la Diputación de Alicante, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Mancomunidades aprobada por el Gobierno valenciano al considerar que esta norma infringe la autonomía provincial y vulnera la normativa básica estatal que regula la división de las comarcas.
El presidente de la institución provincial alicantina, César Sánchez, ha acompañado a la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Belén Hoyo, y a diputados como Rafael Hernando a la interposición de este recurso, firmado por 117 parlamentarios, ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 21/2018, de 16 de octubre de la Generalitat Valenciana.
Sánchez ha destacado, tras salir del tribunal, que esta Ley de Mancomunidades “es claramente inconstitucional ya que priva a los ayuntamientos de organizarse como mejor crean conveniente, vacía de contenidos a las diputaciones y enmascara una ley de comarcas que necesita dos tercios de las Cortes Valencianas intentando por la puerta de atrás organizar territorialmente la Comunitat de manera distinta, con la comarcalización, como ya intentaron hacer en los años 80 Jordi Pujol y, más tarde, Montilla con la Ley de Veguerías”.
Por ello, ha indicado, “desde el PPCV y desde quienes tenemos responsabilidades en las distintas instituciones hacemos un llamamiento a la sociedad valenciana para que sepan que el PSPV y Compromís son un riesgo para la convivencia, para el orden constitucional y para la España de las autonomías y la España del 78”, al tiempo que ha insistido en que “necesitamos sacar las garras del nacionalismo en la Comunitat”.
“Nosotros somos valencianos, no catalanes y tenemos una historia propia, heredera del antiguo Reino de Valencia, y no queremos ser ni Països Catalans ni ningún invento separatista que en estos momentos el PSPV y Compromis intentan imponer”, ha añadido.
En este sentido, ha recordado el intento del gobierno del Botànic de eliminar el castellano de las aulas a través del decreto del plurilingüismo, “lo es que es claramente un genocidio a la cultura española en la Comunitat Valenciana” o su intención de poner en marcha la Agencia Tributaria Valeciana.
Sánchez ha insistido, finalmente, en la necesidad de poner freno al proceso de catalanización que está impulsando el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra “para evitar que en la Comunitat se produzca el drama que en estos momentos se está viviendo en Cataluña”
Vulnera Normativa división comarcal
Para los populares, y así se recoge en el recurso presentado hoy ante el TC, en la citada norma se regulan las llamadas ‘mancomunidades calificadas de ámbito comarcal’ “lo que supone, de facto, la división comarcal de la Comunitat Valenciana”, una división que, recuerdan, solo se puede realizar a través de una Ley de las Cortes Valencianas que debe ser aprobada por la mayoría de dos tercios y previa consulta a los municipios, “algo que evidentemente no se ha hecho”.
“No es posible crear ‘mancomunidades de ámbito comarcal sin que previamente se hayan delimitado las comarcas a través de una ley que requiere mayoría reforzada”, insisten.
Es por ello por lo que consideran que la Ley de Mancomunidades de la Generalitat vulnera la normativa que tanto la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local como el Estatuto de Autonomía recogen respecto a las divisiones comarcales.
“Con esta norma, el Consell ha querido, de manera irregular, constituir la comarca a través de la regulación de la mancomunidad para evitar la cualificadísima mayoría parlamentaria que requiere la primera”, critican desde el PP.
La Ley de Mancomunidades que se impugna es una ley de tramitación ordinaria, sin exigencia de mayoría de dos tercios. Se aprobó con votos a favor del PSPV, Compromís, Podem y No adscrits y el rechazo de PP y Ciudadanos, es decir con 60 votos a favor de los 99 diputados, y, en consecuencia, no llega a los 66 votos a favor que exigen esos dos tercios impuestos por el Estatuto de Autonomía en su artículo 65. Por tanto, la norma no cumple los requisitos estatutarios y constitucionales para determinar la división del territorio en comarcas.
En este sentido, Sánchez ha insistido en que se produce un claro fraude constitucional-estatutario ya que se aprueba una ley para eludir las exigencias que la Carta Magna y el Estatuto disponen a una determinada división territorial y organización administrativa.
Alerta, además, de que detrás de esta maniobra de ‘mancomunar comarcalizando’ “el gobierno del Botánic persigue crear nuevas estructuras de país y desterrar la provincia como elemento vertebrador del Estado en el marco del proceso de catalanización de la Comunitat Valenciana que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra”.
Vulnera Autonomía provincial
Desde el Grupo Popular de la Diputación de Alicante también se pone en duda la constitucionalidad de la Ley valenciana de Mancomunidades al entender que con la misma se está atacando además la autonomía provincial, “un principio recogido y protegido por la Constitución Española”, al imponer a las diputaciones determinadas obligaciones.
En este sentido, apuntan que la nueva norma obliga a las instituciones provinciales a “integrar necesariamente” a las mancomunidades en todas sus líneas de subvención y que estas participarán en todas las convocatorias de ayudas y subvenciones, aunque estén dirigidas a los municipios.
Asimismo, en otros artículos se establece que en materia de prestación de servicios, las diputaciones “contarán necesaria y prioritariamente con las mancomunidades de ámbito comarcal”, así como “el carácter prioritario para beneficiarse” de determinados fondos para pequeños municipios “lo que supone una discriminación para estos pueblos”, desplazando la atención que la Ley estatal 7/1985 les dispensa en favor de las mancomunidades de ámbito comarcal.
Aumento del gasto público
Finalmente, desde el PP se advierte, por otra parte, de que la Ley de Mancomunidades multiplicará la administración en nuestro territorio, llegándose a crear más de 600 nuevos cargos, “con los consiguientes costes que ello conlleva y que acabaran pagando los contribuyentes”.
Se denuncia, además, que la Ley establece un ‘procés expres’ para la creación de las mancomunidades y que la iniciativa partirá de los alcaldes y no de los plenos municipales “lo que pone de manifiesto la falta de participación municipal y ciudadana que marcará este proceso”.
