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Carlos Mazón designa a los integrantes de las reuniones bilaterales entre la Diputación y la Generalitat

Carlos Mazón designa a los integrantes de las reuniones bilaterales entre la Diputación y la Generalitat
  • El portavoz del equipo de Gobierno avanza que la intención de la institución es que el Consell constituya una Comisión Mixta, tal y como se comprometió Ximo Puig

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha designado a los cuatro representantes provinciales que participarán en las reuniones bilaterales que se lleven a cabo con la Generalitat Valenciana con el fin de examinar y estudiar el sistema de competencias, funciones y actuaciones del territorio en aras a optimizar la prestación de servicios a los ciudadanos y de buscar consensos en dichas actuaciones.

Los miembros de los encuentros entre ambas administraciones serán el propio presidente Carlos Mázon, la vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, el diputado del Centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, y el diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez. Sus suplentes, en el mismo orden, serán el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, la diputada de Recursos Humanos, María Gómez, y el portavoz del equipo de Gobierno, Adrián Ballester.

A este respecto, Ballester ha manifestado que “aunque preferiríamos que se hubiera constituido una Comisión Mixta, tal y como se comprometió el president Ximo Puig cuando se reunió con Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat, acudiremos a estas reuniones bilaterales cumpliendo nuestra obligación como gobernantes de facilitar un foro común en beneficio de nuestros 141 municipios”.

En esta línea, ha concretado que la prioridad de la Diputación sigue siendo “la creación, vía decreto del Consell, de esa Comisión Mixta permanente y estable que regule las relaciones con la Generalitat”.  

“Nuestra intención, y en lo que nos ocuparemos, será en abordar asuntos que nos competen y afectan como territorio, como la regulación de las competencias impropias que venimos asumiendo desde hace años en materia asistencial y social, o las demandas y prioridades de nuestros consistorios”.

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