Aepa solicitará a la consellera de igualdad dé la batalla al gobierno contra la exención de cotizaciones en sustituciones por baja maternal
Desde AEPA se denuncia el retroceso en políticas sociales en los contratos de baja por maternidad que establece el Decreto Ley del Gobierno por suponer un coste extra a las empresas y penalizar las políticas de fomento de la natalidad.
Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA) vuelve a denunciar su rechazo a la medida incluida en el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social mediante el cual se ha eliminado la exención de cotizaciones para los contratos de sustituciones por maternidad, que han pasado de estar exento de pagar a la Seguridad Social a tener una bonificación de 366 euros mensuales.
La presidenta de AEPA, Marcela Fernández, considera que: “Esta disposición ha supuesto un retroceso dentro de las políticas sociales y de empleo de las mujeres y está perjudicando, de forma directa, a las empresas que ven cómo se les aplica un recargo en las sustituciones por maternidad de sus empleados”. A esta medida se une la imposición a las empresas de contratar, para suplir la baja, a menores de 30 años. “El Gobierno ha eliminado la libertad de la empresa de elegir el perfil que más se ajuste a las necesidades del puesto de trabajo y está penalizando la inserción laboral de personas con más edad”, ha denunciado Fernández.
Desde AEPA se considera que esta normativa perjudica tanto a las empresas como a las trabajadoras, ya que no beneficia a la creación de empleo y convierte la maternidad en un nuevo obstáculo en el desarrollo profesional de las mujeres y de las empresas, pues el coste de su sustitución será analizado desde la cuenta de resultados. Según Fernández:” Si anteriormente el coste empresarial de sustituir a una mujer durante el permiso de maternidad era CERO, ahora queda limitado a 366 euros siempre que se contrate a una persona menor de 30 años.”
Desde AEPA se ha solicitado ya una reunión con la nueva Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para tratar, entre otros, este asunto. “Le expondremos a Susana Camarero esta situación para ver qué opciones se pueden llevar a cabo desde la Generalitat Valenciana para revocar esta medida del Real Decreto”, ha concluido la presidenta de AEPA.
