PP: “El Ayuntamiento de Oropesa del Mar gana a la Generalitat”
EL TSJCV estima el recurso de Oropesa del Mar contra el Pativel y lo declara nulo
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso contencioso presentado por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar contra el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral (Pativel) de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Generalitat en mayo de 2018.
El portavoz del Partido Popular Rafael Albert, señala que los motivos por lo que se estima el recurso del Ayuntamiento son: la falta de un estudio de viabilidad y sostenibilidad económica, omisión de los preceptivos informes en materia de género, familia e infancia y no se ha sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica, habiéndose omitido la evaluación de las distintas alternativas posibles.
Recalca, que según el Fundamento de Derecho Quinto, la administración no resolvió ni notificó las alegaciones presentadas por los interesados, en las dos fases de información pública a que se sometió el expediente.
Lo planteado era un plan lesivo, que afectaba a muchos pequeños propietarios que podían perder la totalidad de sus derechos, aseguraba José Mª Cantavella, secretario de la asociación que se creó para reforzar reivindicaciones de los vecinos afectados.
Oropesa del Mar es uno de los municipios más afectados en la provincia de Castellón. Las zonas que señala el pativel son: la Renegá , el Recholar, el Rodetjo, la zona de Karts, el sector R6 (ampliación del Balcó y parte trasera hasta la N-340); los terrenos que se encuentran desde la vía del tren hasta la N-340, desde el río Chinchilla hasta el casco urbano y desde la autopista hasta la N-340.
El Partido Popular siempre ha intentado regular la actividad y el impacto del ser humano en espacios naturales para su preservación y restauración dentro de las posibilidades del municipio.
Con esta sentencia favorable al Ayuntamiento, Oropesa del Mar se suma a otros municipios de la Comunidad Valenciana, como Peñiscola y Alcalá, con el reconocimiento de haber hecho bien el trabajo, con el fin de anular la falta de consenso en lo planteado por la Generalitat Valenciana.
