Una sentencia condena al interventor titular a pagar 400 euros de costas
El portavoz adjunto del Equipo de Gobierno, Rafael Almagro, dio cuenta este martes de los acuerdos alcanzados en la Junta de Gobierno Local y entre los que destacó el pago de 108 facturas por un importe de 39.233 euros.
En cuanto al área de urbanismo, se han concedido licencias para la construcción de tres piscinas en la zona de la costa, así como otras dos licencias para la construcción de dos viviendas unifamiliares, una de ellas con piscina. Y también desde el área de urbanismo se ha aprobado la demolición de una vivienda y la ampliación de otra.
En el área de Patrimonio, se aprueba la prórroga del contrato de arrendamiento del local de la calle de Adolfo Clavarana, se encuentran las oficinas municipales de Fomento y Agricultura, durante un año más y por un importe anual, con IVA, de 23.400 euros.
En cuanto al área de Contratación, Almagro comunicó la adjudicación del contrato tramitado mediante procedimiento abierto, para la campaña de desinfección, desinsectación, desratización y control de aves en el municipio de Orihuela y pedanías por importe de 50.768 euros, IVA incluido, por un periodo de dos años prorrogables otros dos años más.
Sentencia
Almagro comentó también respecto al área de Personal de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo a favor del Ayuntamiento por la denuncia presentada por el interventor titular en contra de la resolución adoptada por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales UMIVALE, por la cual se instaba al Ayuntamiento a regularizar la situación de los pagos efectuados de las nóminas de septiembre y octubre de 2015 al interventor municipal titular. La sentencia estima que no correspondía abonar los complementos por incapacidad temporal por parte del Consistorio para complementar hasta el 100% y cuyos importes sumaban 2.554,04 euros. Del mismo modo, también la sentencia condena al demandante, esto es, el interventor titular, al pago de 400 euros en concepto de costas.
Otros de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local fue la personación como codemandados, junto con la Conselleria de Medio Ambiente, en recurso contra resolución de julio de 2015 de sanción y ordenación de retirada de residuos en determinadas parcelas de La Murada. Además, se dio cuenta también del inicio de acciones judiciales por la interposición de un recurso contencioso administración por la denegación de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
Por último, el edil Almagro aseguró que se ha tomado conocimiento de la sentencia por la que anulan dos decretos de alcaldía de 2010 que permitían la adscripción al parque móvil municipal del vehículo Range Rover Sport que se hallaba en depósito, redundando esta sentencia a proceder a la inmovilización del vehículo y poner el mismo a disposición del propietario anterior.
