La Sanidad en venta

El joven sistema nacional de sanidad español es de principios de los 80 cuando, dando respuesta a la constitución del 78, se crea la ley general de sanidad.

Pocos años después, coincidiendo con las políticas neoliberales en Europa, se empieza en España a dar las primeras propuestas privatizadoras, reforzándose hacia finales de los 90, hasta que en 2001 se trasfieren las competencias a las comunidades autónomas, descentralizando los servicios sanitarios y aprobando las leyes de ordenación sanitaria, que facilitan la desregulación y privatizan los servicios.

La imagen que tenemos de la sanidad pública española es buena, pero las constantes políticas de recortes y la insuficiente financiación del sistema público sanitario han ido afectando seriamente a la calidad del servicio, generando una mayor demanda por la sanidad privada. Esta última ofrece para los usuarios aspectos importantes, como una cama por habitación, menor tiempo de espera, mayor tiempo de atención en las consultas.

Las políticas aplicadas han ido propiciando un tipo de sanidad clasista en perjuicio de la pública, a la vez que la privada va desarrollando privilegios dentro de la pública. Hecho que es lógico, porque la privada por si misma no puede alcanzar financiación suficiente para alcanzar la calidad del personal profesional e infraestructura técnica sin apoyarse en la pública.

Los dirigentes políticos, quieren hacernos creer que los recortes y la descentralización de los servicios hacia la sanidad privada hacen sostenible el sistema sanitario público y también reduce las listas de espera. La realidad es que lo que se está haciendo es cerrar habitaciones de hospitales, reducir horarios de atención en las consultas, reducir plantillas forzando a los médicos a realizar trabajos de otros profesionales...e incluso se han atrevido, sin ningún decoro, a sancionar con el copago a los enfermos. -Y todos sabemos que las clases pudientes tienen menos posibilidades de enfermar-.

Previo al desmantelamiento definitivo del sistema público de salud, está el sistema de PFI (iniciativa de financiación privada) o más conocido como la construcción de hospitales con financiación privada dentro del sistema público, centros más pequeños que los tradicionales, con menos servicios, menos medios técnicos, peor calidad de atención, peores condiciones laborales para los trabajadores y un aumento significativo del gasto publico a favor de unos mayores beneficios del capital privado.

A la vista de las próximas elecciones no es extraño oír a nuestros dirigentes anunciando a bombo y platillo la inauguración en tiempo record de este tipo de hospitales.

Sería lógico aplicar políticas de protección del sistema público de servicios -está más que demostrado su calidad y universalidad del servicio-. Gracias a un control eficiente del gasto, se podría conseguir financiación para alcanzar las ventajas de la privada. Y sería lógico que se despolitizara el sistema, para que fueran los técnicos y la representación social quienes tomasen decisiones y gestionasen los servicios públicos.

Aunque a la vista de las últimas encuestas, no somos pocos los que desconfiamos de nuestros dirigentes políticos mientras vemos como pasan por las llamadas “puertas giratorias”, transitando del sector público al privado, y pasando de vigilar a las empresas de servicios concertados a trabajar para ellas.