Ley de Costas. Una reforma imprescindible
La nueva Ley de Costas, basada en el sentido común, la racionalidad y la solución de problemas históricos, plantea tres grandes objetivos: la protección del medio ambiente litoral; la protección de los derechos de antiguos propietarios de viviendas y otros bienes; y la seguridad jurídica para las actividades económicas que sean sostenibles.
La ley impide nuevas edificaciones en la costa. Prohíbe edificar en el DPMT. Prohíbe que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie.
Se establece una regulación innovadora, que no existía en la ley del 88, para actuar frente a los efectos del cambio climático sobre la costa, de acuerdo con las normas y criterios científicos asumidos. Se determina la posibilidad de declarar tramos de DPMT en situación de regresión grave y se establecen las medidas adecuadas para la protección y, en su caso, adaptación del DPMT. El Gobierno aprobará una estrategia de adaptación de la costa al cambio climático.
La ley mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios que se vieron despojados de sus bienes con la Ley de 1988. Se garantiza concesión a todos los titulares de bienes inscritos en el Registro de la propiedad, y además se amplía el plazo de las mismas en 75 años adicionales.
Se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos: se trata de que ningún ciudadano pueda adquirir nunca más una vivienda u otro bien en la costa y descubrir después que no le pertenece porque es DPMT. Para ello, se obliga a inscribir los bienes de DPMT en el Registro de la Propiedad, y se asegura esta información a los interesados en caso de que se inicie un nuevo deslinde, desde el inicio del procedimiento. Además, se ofrecerá información gratuita a todos los ciudadanos vía Internet sobre las líneas de deslinde.
La ley fomenta la actividad económica ordenada, sostenible y generadora de empleo asegurando la continuidad ordenada de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, evitando el efecto 2018, es decir, las demoliciones masivas de industrias y viviendas; siempre con criterios medioambientales y se permite su transmisión a herederos o terceros.
Para ello, se podrán prórrogar las concesiones por un plazo de hasta 75 años (a concretar por el reglamento según usos). Muchas estaban abocadas a su inminente desaparición, con la consiguiente destrucción de empleo (Aunque no es una prórroga automática, sino sólo respecto de aquellas actividades de las que se acredite su sostenibilidad ambiental) y se aumenta el plazo máximo de las autorizaciones para actividades económicas a 4 años . Antes se tenían que renovar anualmente.
Sin ninguna duda era una reforma necesaria que una vez más el PSOE no ha querido ver. Los ciudadanos, como siempre, juzgaran.
