Frivolidad frente a responsabilidad
No nos extrañó, pero sí que nos entristeció. Como un asunto tan sensible, como el pago de impuestos por la muerte de un ser querido, es tratado por la Dirección General de Tributos y Juego como un hecho con tanta frivolidad e ideología política, en su Informe del 4 de noviembre, como respuesta a nuestra solicitud de que se aplicara la bonificación máxima del Impuesto de Sucesiones para los fallecidos a causa de accidente laboral, sanitarios y fuerzas de seguridad por causa de la Covid-19, víctimas por accidente de tráfico, violencia de género/familiar o terrorismo.
Frivolidad por no haberse parado a analizar y estudiar los datos de lo que puede suponer para las arcas de la Generalitat Valenciana la bonificación máxima de estos casos y facilitar solo los número generales, destacando la “bondad” de este impuesto en la Comunidad Valenciana, sin reconocer ni darse por enterado, en ningún momento, que los ciudadanos de ella somos los segundos que más pagamos por este Impuesto en España.
Una falta de responsabilidad, por no decir de profesionalidad, al ceñirse como alternativa la de incrementar otros impuestos. Señor Director General, existe otra posibilidad por si no se ha dado cuenta: reducir el gasto. Si hubiera hecho los deberes, habría comprobado que lo que estaba solicitando nuestra Asociación escasamente habría ascendido a un par de millones de euros ante un presupuesto de gasto de 25.600 millones anuales.
Y en el caso de la bonificación máxima del Impuesto de Sucesiones en nuestra Comunidad Valenciana tampoco supone un gran esfuerzo. Sí, son 280 millones pero para que lo entiendan los ciudadanos, es como una familia con unos gastos previstos de 25.600 euros tenga que reducirlos en 280 euros.
Deberes que en otras Comunidades Autónomas han sabido realizar, bonificando al máximo el Impuesto a la Muerte, al igual que se redujeron en nuestro territorio autonómico desde 2007 al 2013. No nos diga que no se puede. ¿No será que no saben? ¿O no quieren?
Y por favor no se respalde en la Constitución para justificar que nuestra propuesta podría vulnerar el principio de igualdad, pues el Impuesto de Sucesiones ya lo infringe, por no tratar a todos los españoles por igual.
