La ley de contratos del Estado

Hermanos de las administraciones públicas: como sabéis en la actualidad es casi imposible que la administración realice por sus propios medios cualquier actuación que exija las actuales circunstancias pandémicas a no ser que se declare expresamente la excepcionalidad y urgencia. Esto es debido a que, en la época de Montoro el ministro de Hacienda del PP, se aprobó una ley para la contratación pública que impedía la agilidad en contratar por parte de ayuntamientos, autonomías y el propio Estado.

Uno se pregunta qué sentido tenía esto. Muy fácil. Montoro, que era un tipo muy listo y muy de derechas, pensó que si los ayuntamientos no pueden contratar tampoco pueden gastar. Como los ingresos por impuestos siguen siendo constantes y hay una Regla del Gasto por ley (también de Montoro) que dice que lo que no se gaste se debe destinar a reducir la deuda, pues aquí está el negocio redondo. Los remanentes (beneficios de las administraciones) van todos a pagar deuda de las administraciones locales con los bancos.

Por eso ahora la mayoría de ayuntamientos están saneados y la barrera que supone la Ley de Contratos de las Administraciones públicas ha sido la varita mágica que lo ha permitido.

Pero lo cierto es que ahora se van a tener que gestionar miles de millones de euros del fondo europeo de reconstrucción y, como no cambiemos la ley de contratos, este dinero ya no irá a la deuda de los bancos, sino que se tendrá que devolver a Bruselas. Y ahí sí que no tendríamos perdón de Dios ni de los votantes.

Urge pues un cambio importante en la ley de contratos del Estado que agilice los procedimientos.