Una ley para reconocer y prestigiar la figura de los docentes

La próxima semana se inicia el debate en les Corts Valencianes de la Ley de la Generalitat, de Autoridad del Profesorado, una ley que supondrá un salto cualitativo para el Sistema Educativo Valenciano, que emana de la responsabilidad, eficacia, y compromiso con el que el gobierno de Francisco Camps está trabajando día a día por la Educación de los valencianos. Y ante la propuesta de la futura Ley ya se han presentado sendas enmiendas a la totalidad, desde el grupo Compromís y de la agrupación de diputados no adscritos (ADNA) Y como docente, ni como miembro del Partido Popular, no puedo compartir de ninguna manera ninguno de los motivos que desde la agrupación de diputados no adscritos, ni desde Compromís, se aportan en sus enmiendas a la totalidad rechazando a priori la propuesta de ley por ineficaz e inapropiada.

Ante la ambigüedad de las razones para rechazar radicalmente la Ley, pienso que es una ley muy necesaria para dignificar la labor del profesorado, por lo tanto será una ley muy apropiada y que sin duda resultará eficaz tanto en el trabajo que se desarrolla dentro del aula y apropiada y eficaz porque se refuerza la autoridad del profesorado en beneficio del alumno.

La ley tiene el claro objetivo de cortar de raíz las agresiones al profesorado y también la clara finalidad de potenciar la función docente y reafirmar la figura del profesorado como pilar fundamental del sistema educativo, y reconoce su condición de autoridad pública y que quede garantizada la protección establecida por el ordenamiento jurídico.

Creo que nadie puede poner en duda que los profesores y profesoras prestan un servicio esencial que la administración educativa pone a disposición de los ciudadanos. Y tal como recoge el preámbulo de la ley, “La actividad que realizan los profesores, en el marco del ejercicio del derecho a la educación reconocido en la Constitución, constituye una de las materias que afecta los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática”.

En este sentido, el desarrollo de una sociedad democrática y del conocimiento exige de las figuras que representan la autoridad, como garantía de nuestro futuro, no solo por establecer unas relaciones basadas en el diálogo para convencer y resolver conflictos que surjan entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, sino también el reconocimiento constante, social e institucional, de dichas figuras y al mismo tiempo que se reconozcan los distintos papeles que cada uno juega, dentro de un marco básico de respeto mutuo.

Se impone por tanto la necesidad de un reconocimiento institucional y legal de la autoridad del profesorado que estimule al mismo tiempo su reconocimiento social para que repercuta en un clima escolar óptimo y proporcione a los alumnos los valores de respeto y reconocimiento de la labor docente.

En definitiva, se trata de una ley próxima a la realidad social actual que trata de aportar soluciones eficaces y abrir nuevos espacios a la protección real del profesorado de los centros educativos, e insta a reconocer, reforzar y prestigiar la figura del profesor, con el objetivo prioritario de elevar la calidad y mejora de los resultados del sistema educativo actual.