La Red de Oficinas de Víctimas del Delito se extiende a Ontinyent, Quart y Massamagrell y ya cubre 16 de los 18 partidos judiciales de Valencia

Con la apertura de la oficina de Ontinyent el pasado 10 de febrero y la puesta en marcha de otras dos en los juzgados de Quart y Massamagrell a principios del próximo mes de marzo, la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Generalitat cubrirá 16 de los 18 partidos judiciales de la provincia de Valencia.

"De esta forma -según ha explicado el director de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón- se van cumpliendo los objetivos previstos y este año, con la apertura de las oficinas de Mislata y Moncada, contarán con una oficina todos y cada uno de los 18 partidos judiciales de la provincia al a que hay que sumar la de Utiel que, aunque no tiene juzgados, por su tamaño y situación geográfica necesitaba este servicio".

Desde su puesta en marcha en febrero de 2018, la Red de Oficinas ha crecido en la provincia de Valencia de las siete que gestionaba la antigua Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (Favide) a las quince que están en servicio en el primer trimestre de 2020 en las sedes judiciales de València, Alzira, Catarroja, Gandía, Paterna, Sagunt, Sueca, Torrent, Requena, Xàtiva, Utiel, Picassent, Carlet, Llíria i Ontinyent. En ellas trabajan ahora mismo un total de 58 profesionales entre letrados, psicólogos y trabajadores sociales.

"Esta apuesta por la atención a las víctimas -ha explicado García Añón- ha sido reconocida por el Consejo General del Poder Judicial en la reunión celebrada este mismo jueves, 20 de febrero, por el Observatorio de Violencia de Género del órgano de gobierno de los jueces". En este sentido, el director general ha recordado que la red es "la más extensa y completa del país, seguida por Andalucía que cuenta, para prestar este mismo servicio, con nueve funcionarios".

Durante el año 2019, las 14 oficinas de la provincia de Valencia atendieron a un total de 11.471 personas, es decir, 31 cada día. Para José García Añón, "los números demuestran que este era un servicio necesario y el modelo, además, es ya una referencia en toda España que ahora va a ser replicado por el Gobierno de Canarias".