El alcalde veta una comisión de investigación, pese a las denuncias de irregularidades de la Mancomunidad Espadán-Mijares, la FVMP y CCOO en la interrupción del servicio de dependencia
La propuesta del grupo municipal popular llega tras las protestas realizadas por la Mancomunidad Mancomunidad Espadán-Mijares, que representa a 15 municipios afectados por la interrupción de dicho servicio por parte del alcalde, y de las denuncias de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y del sindicato Comisiones Obreras.
Dicha comisión de investigación pretendía esclarecer los motivos por los que el alcalde de la ciudad también retrasa intencionadamente el servicio de atención a los ondenses dependientes.
“El alcalde está desatendiendo a los dependientes para poder culpar a la Generalitat y sacar provecho político en las próximas elecciones municipales, ahora que las encuestas apuntan a un posible cambio de gobierno en Onda. Ya no sabe qué hacer para tapar una maniobra política tan falta de ética”, ha denunciado la portavoz adjunta de los populares, Carmina Ballester, tras el pleno de esta tarde.
La Generalitat Valenciana, desde el 2007, subvenciona el 100% del sueldo de tres trabajadores, dos con dedicación exclusiva y otro a tiempo parcial, desde el uno de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del mismo.
La Orden de 23 de diciembre publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana le asegura al ayuntamiento de Onda el ingreso de 73.000 euros para contratar a 3 personas del 1 de enero al 31 de diciembre, tal y como está pasando desde el 2007.
De hecho, dicha orden remarca hasta en tres ocasiones que por el bienestar de las personas el servicio no se debe interrumpir.
Sin embargo, el alcalde socialista, con el respaldo del tripartito, retrasa el inicio de dicho servicio en el ayuntamiento de Onda y que afecta a toda la comarca, para crear confrontación política y desgastar a los populares, ahora que las encuestas apuntan a un cambio electoral en la ciudad.
A fecha de hoy y desde el pasado mes de diciembre, la tramitación de los expedientes o la realización de los informes sociales de las personas dependientes están paralizados en el ayuntamiento de Onda para provocar un retraso en la aplicación de las ayudas, en perjuicio de los ondenses y sólo buscando así el interés político.
El alcalde socialista de Onda, junto con sus socios de gobierno, el BLOC y AMI, han insistido en ponerle todos los obstáculos posibles al servicio para los dependientes de Onda y que afecta también a otros veinte municipios de La Plana Baixa y del Alto Mijares. Y ahora intentan tapar lo que está ocurriendo, al vetar una comisión de investigación que esclarezca lo que está sucediendo.
Poca sensibilidad, nada de ética y mucha desesperación en el alcalde
Los populares de Onda han denunciado la utilización partidista con la que el alcalde utiliza las necesidades de sus ciudadanos y el poco talante democrático al negarse a abrir una comisión de investigación en la que se esclarezca lo que está sucediendo. “A nuestro alcalde le da absolutamente igual que la ciudad pueda contar o no con este servicio a los dependientes, ya que la Generalitat lo paga al 100%, pero el alcalde no lo está ofreciendo desde el uno de enero. Lo único que le importa a nuestro alcalde es provocar un problema con este servicio para echar a la gente en contra de la Generalitat y conseguir votos en Onda. Hay que tener poca sensibilidad y nada de ética para actuar como lo está haciendo nuestro alcalde. Si realmente apostase por la transparencia, hubiese sido el primer interesado en crear una comisión de investigación que aclare lo que está pasando”, ha añadido Carmina Ballester.
“El alcalde sólo mira por sus intereses, aunque estos vayan en contra de los intereses de todos los ondenses. ¿Son estas las nuevas energías a las que se refiere nuestro alcalde? Ahora retrasa el servicio de atención a las personas dependientes para desviar la atención de los muchos problemas y necesidades que tiene la ciudad y que no son atendidos y poder culpar a la Generalitat por la ausencia de dicho servicio, que debe ofrecer el ayuntamiento y que paga el gobierno valenciano, tal y como está establecido”, ha concluido.
La Generalitat va a destinar, durante el 2011, siete millones de euros para que los ayuntamientos valencianos presten estos servicios desde el uno de enero al 31 de diciembre, tal y como recoge la Convocatoria de ayudas publicada en el DOCV el 23 de diciembre de 2010.
