Oltra traslada al Consejo de Europa los esfuerzos para rebajar el riesgo de pobreza en la Comunitat
La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha trasladado al Consejo de Europa los esfuerzos que se están realizando en el Gobierno del Botanico para rebajar la tasa de pobreza en la Comunitat Valenciana, que en dos años ha descendido un 6,9% frente al crecimiento del 0,5% en el conjunto del Estado.
Oltra ha mantenido este martes diversas reuniones con los responsables de la oficina que elaboró el último informe de España del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Françoise Kempf.
Posteriormente, ha tenido lugar un encuentro con la vicesecretaria general del Consejo General de Europa, Gabriella Battaini-Dragoni, con quien ha tratado las acciones de la Generalitat Valenciana para la acogida de personas refugiadas.
La vicepresidenta ha puesto en valor el trabajo de las comunidades autónomas, especialmente el de la Comunitat Valenciana, que "son las que en realidad las que mantenemos el pilar social en España. Por eso, es necesario que el Consejo de Europa conozca estas políticas que van en la dirección de que los derechos sociales sean garantizados".
Por lo que refiere a la reducción del riesgo de pobreza en la Comunitat Valenciana, Oltra ha afirmado que las acciones del Consell en estos dos años de gobierno "están dando sus frutos".
Además, la consellera ha destacado las regiones y poderes locales en Europa, "pues son quienes, con la aplicación de los derechos sociales, los que tratan de cohesionar" este territorio pues la Europa social es lo que la ciudadanía está demandando", ha asegurado.
El documento del Consejo de Europa advierte de las repercusiones de la crisis económica y las medidas de austeridad en los colectivos de niños y niñas, personas con discapacidad y en la protección de derechos humanos.
Informe de Derechos Humanos
En cuanto al informe sobre Derechos Humanos, la Comisión Europea ha expresado su preocupación por el incremento de la tasa de pobreza infantil porque los niños y niñas "se han visto desproporcionadamente afectados por los recortes".
Igualmente, ha advertido también con "preocupación" sobre la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia dado que la crisis "ha socavado la mayoría de programas encaminados a promover la inclusión de las personas con discapacidad".
En el caso de los Derechos Humanos, exige "garantías" para evitar "prácticas discriminatorias" especialmente en el ámbito de la inmigración.
La vicepresidenta ha intercambiado información con los responsables de la elaboración del informe los cambios producidos en la Comunitat Valenciana en estos dos años, que han permitido mejorar la situación de las personas en el acceso a los derechos sociales.
Así, ha recordado que las valoraciones de la dependencia han crecido un 52,7 por ciento y que en este mes de mayo se han llegado a realizar 2.008 valoraciones; la mitad de lo que hizo el anterior gobierno en todo el año 2014.
En esta línea, el Consejo de Europa ha recibido también con agrado la reducción del 6,9 por ciento la tasa de pobreza en la Comunitat Valenciana, mientras que en el conjunto del Estado aumenta un 0,5 por ciento respecto a 2014 --según la Tasa Arope--.
Oltra ha repasado algunas medidas, como el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social (Pla VICS) o la elaboración de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión.
Desde el Consejo de Europa también se han interesado por la Estrategia para el Pueblo Gitano que está desarrollando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a través de la cual se incorpora a las mujeres como interlocutoras con este colectivo.
Refugiados
La vicepresidenta ha mantenido otra reunión con la vicesecretaria general del Consejo General de Europa, Gabriella Battaini-Dragoni, a quien le ha trasladado la "solidaridad" de los valencianos y valencianas para acoger personas refugiadas tras el estallido de la guerra en Siria.
De esta manera, Battaini-Dragoni ha valorado las medidas adoptadas, como la red de municipios acogedores; la posibilidad de fletar un barco o que se haya liderado la posición conjunta de 11 comunidades autónomas para exigir al Gobierno de España que cumpla sus compromisos de acogida y permita a las autonomías realizar políticas de acogida.
